La represión franquista en la Región de Murcia, como objeto generalista de análisis, ha sido objeto de estudios importantes en la moderna historiografía. Queda, sin embargo, un poco huérfana de esta atención, la ejercida sobre un sector tan decisivo como la Armada. Con esta comunicación se pretende hacer una primera aportación de alcance, sobre los motivos, objetivos y mecanismos utilizados por la Armada franquista, contra sus propios compañeros de armas vencidos. Se incluye el comentario sobre una de las Causas judiciales, que prueba la naturaleza inquisitorial de aquellos procesos.
Para llegar a las conclusiones que se verán, el autor lleva revisados desde octubre de 2006, 545 Causas (sumarios) de Marina y 1.603 expedientes del SIP, con un total de 34.179 imágenes de texto digitalizadas, así como 332 imágenes fotográficas de personas y buques.
1. La era tecnológica y los cambios en la armada
Durante el período de la Dictadura de Primo de Rivera y hasta la proclamación de la II República, se acelera la entrada en servicio de los últimos destructores y cruceros, así como de una moderna flotilla de submarinos, que sitúan a España en un discreto puesto en el
ranking naval europeo. Al instaurarse la República, la armada española puede considerarse en su conjunto como relativamente moderna -algunos buques y submarinos aún están en fase de construcción- aunque algunos de los modelos han quedado tecnológicamente atrasados, no así su armamento mucho más actualizado.
El paso del vapor al diesel como fuerza motriz en los buques de guerra, determina profundos cambios en la organización naval militar. Se han modernizado los astilleros, las instalaciones de apoyo en tierra, los programas de formación de los oficiales, instrucción del personal, la doctrina y la gestión económica, obligando a la construcción -costosísima- de una red de baterías de costa, dotadas de modernos y potentes cañones navales y antiaéreos para la protección de puertos y arsenales.
La transformación a la propulsión diesel, mucho más compleja que el vapor, así como los cambios introducidos por los avances en el empleo de la artillería naval, los sistemas telemétricos de puntería, radiogoniómetros y radiotelegrafía; la nueva serie de submarinos, la aviación naval y en las características generales de los buques, obliga a la creación o reorganización funcional de nuevos cuerpos de especialistas (máquinas, electricidad, torpedos, radiotelegrafistas, etc.) creándose una nueva categoría de profesionales dentro del grupo de
clases de marinería, mucho más técnica, pero cuyo estatus dentro de la Armada ha tenido que esperar a la llegada de la República, para ser oficialmente reconocido.
Una de estas nuevas categorías es la del
Cuerpo de Auxiliares Navales (de 1ª, 2ª y 3ª), de los que algunos terminan graduándose como Alférez de Fragata, con consideración de oficial, aunque el mantenimiento de la estructura elitista y oligárquica de la Armada, no les permite integrarse en el Cuerpo General, reducto aristocrático de un corporativismo hermético, que conservaba los hábitos, preeminencias y en ocasiones, práctica de un mando despótico, más propio de las marinas de siglos pretéritos que de una marina moderna.
Al iniciarse la guerra civil, la casi totalidad de la flota de guerra, a excepción de los dos acorazados y algunos buques menores, disponen de propulsión diesel, cuyo funcionamiento exige todavía una plantilla numerosa de fogoneros reconvertidos en maquinistas, la más baja de las categorías navales, por la dureza de las condiciones de trabajo y la escasa consideración que su condición merece dentro y fuera del ámbito de la Marina, con una ausencia casi total de perspectiva de progreso (los únicos empleos establecidos y a extinguir son los de fogonero, fogonero preferente y cabo fogonero), un salario insuficiente para llevar una subsistencia digna, y nulas posibilidades de mejorar su instrucción, siendo la mayoría de los fogoneros analfabetos, ya que -como se continuaba diciendo entre el Cuerpo General- "
para palear carbón no hay que haber leído el Quijote".
Así, la categoría de los fogoneros, es la más numerosa dentro de las especialidades de la Armada, la más reivindicativa de mejoras laborales, y la que tendrá uno de los papeles más decisivos formando parte de los Comités, en los primeros momentos del contra-golpe de julio de 1936.
Desde la llegada de la República, una de las preocupaciones del nuevo gobierno es la modernización de las fuerzas armadas, reduciendo la
macrocefalia de mandos existente, y aunque la marina de guerra no resulta demasiado afectada por la
Ley Azaña -son muy pocos los que se acogen a las ventajas de un retiro anticipado respetuoso de sus remuneraciones-, los cambios afectan favorablemente al grupo de empleos de suboficiales y marinería.
Mejoras salariales, posibilidad de promoción para ascender a oficial y suboficial mediante cursos de promoción interna, construcción de más viviendas logísticas en el Barrio de Peral de Cartagena, y reformas importantes en las leyes penales militares con mayores garantías procesales, desaparición del Cuerpo de capellanes castrenses, y beneficios sociales para las familias de las clases de marinería profesionales.
La reacción de la Armada ante la política militar del gobierno reformista (1931-1933) se polariza entre el Cuerpo General, muy conservador y receloso de las mejoras introducidas para los especialistas, suboficiales y clases de marinería y de Infantería de Marina, y los más directamente beneficiados por las mismas por el reconocimiento de sus derechos. De esta manera, el grupo de los auxiliares, los suboficiales y la marinería perciben a la República como el motor de sus mejoras y una garantía para las mismas, mientras que para el Cuerpo General (almirantes, jefes y oficiales) se considera al nuevo régimen como enemigo de una casta endogámica y tradicional, que pone en peligro sus privilegios profesionales y sociales, a costa de mejorar el estatus de lo que consideran
clases inferiores.
El movimiento insurreccional de octubre de 1934 en Asturias, aplastado de forma expeditiva por el gobierno republicano derechista de Lerroux, con la intervención de la Armada, que transporta desde Marruecos a fuerzas de la Legión mandadas por el general Franco, así como otras unidades peninsulares, produce posteriormente una gran conmoción y sentimiento de mala conciencia, entre los sectores progresistas de la Flota a los que antes nos hemos referido, por las consecuencias de su participación en aquella acción militar, la brutalidad del empleo de la fuerza contra los trabajadores sublevados, los muertos civiles por bombardeos navales y terrestres, los fusilamientos sumarios, y por los miles de condenados en consejos de guerra.
El Cuerpo General y los Comités.
Pese el corto período transcurrido desde octubre de 1934 hasta julio de 1936, y sobre todo, desde que en febrero de ese año, la izquierda recupera el poder tras las elecciones , lideradas por el Frente Popular, ha servido para que la movilización antifascista haya tomado cuerpo en los escalones de Marinería, Cuerpo de Auxiliares y Máquinas Es en este sector concienciado de la Armada, donde se propaga un sentimiento de empoderamiento colectivo, germen del nacimiento de
"comités" clandestinos de marineros y soldados, sin adscripción a partidos políticos, pero vinculados por una clara ideología de izquierdas, con el propósito de evitar en el futuro el empleo de la Flota para la represión de los movimientos obreros, en un momento en que en toda Europa emergen gobiernos de corte nazi o fascista, que utilizan las instituciones e incluso sus fuerzas armadas, para destruir desde dentro los principios democráticas que dicen representar.
A comienzo de julio de 1936, el ambiente en la Armada es de un nerviosismo extremo. Las idas y venidas, las reuniones y conciliábulos entre los jefes y oficiales de las bases y los buques, son seguidas con desconfianza y alarma entre los niveles inferiores de mando y la marinería, que a su vez y fuera de las instalaciones navales, se preparan para actuar en el caso de iniciarse un movimiento sedicioso contra el gobierno republicano. A bordo de cada barco y en el seno de cada dependencia en tierra, se organizan los
Comités de marineros y soldados, cuya actuación proselitista clandestina no escapa al conocimiento del mando, que refuerza el secretismo de sus planes conspiradores, interpretado como un síntoma de la proximidad del golpe que preparan.
El complot.
El papel del Cuerpo General de la Marina en la preparación de la sublevación de 1936, ha sido relativizado en la literatura histórica, relegándolo a la condición de comparsa, desde la convicción de que no hacía falta a los conspiradores (nucleados por Sanjurjo y Mola) establecer una estrategia específica para la Armada en el organigrama golpista, basándose en que por la extracción y formación ideológica de sus mandos, podía darse por descontado su adhesión automática al golpe de estado. Nada más incierto, puesto que en marzo de ese año ya se han establecido los primeros contactos con los conjurados del Ejército de Tierra, por parte del capitán de navío Francisco Moreno Fernández , y sus hijos Salvador y Fernando, oficiales de la Armada, quiénes aseguran a los enlaces de la dirección golpista la participación activa de la Armada llegado el momento, quedando comprometida su actuación, siendo transmitido dicho compromiso con discreción, a toda la red de mando afín a estos objetivos.
En la Base Naval de Cartagena, en semanas previas a la insurrección, el capitán de fragata Marcelino Galán Arrabal, auxiliado por el capitán de corbeta Francisco Pemartín San Juan, jefe del EM de la primera flotilla de destructores, cohesionan los hilos conspiratorios entre personal de la Armada y del Ejército de Tierra Su propósito no ofrece lugar a dudas:
"Finalmente los oficiales, en sus reuniones clandestinas en Cartagena, fijaron el objetivo concreto de derrocar al gobierno del Frente Popular"
Cuando en la tarde del 17 de julio el operador de guardia de la estación de radio de la marina en Ciudad Lineal (Madrid) capta mensajes alarmantes sobre movimientos de militares en el norte de Marruecos, da la alarma, y es el Oficial 3º Radiotelegrafista Benjamín Balboa, hombre de probada lealtad republicana, conocedor del entramado golpista en su entorno, quién toma el mando de la estación, destituye a su jefe, e informa al ayudante del jefe del gobierno Giral de lo que sucede en la Flota, y de su intento de mantenerla leal a la República, contando con la lealtad de los Comités de a bordo, haciéndose él mismo cargo personalmente del mantenimiento directo de las comunicaciones.
No obstante estos esfuerzos, un acorazado, dos cruceros pesados en construcción, dos cruceros ligeros, un destructor, dos torpederos, cuatro minadores y varios cañoneros, quedan en poder los sublevados, así como la Base Naval de El Ferrol y Algeciras, y los importantes puertos de La Coruña, Palma de Mallorca, Cádiz, Ceuta y Melilla.
La sublevación.
Finalmente, y gracias a la firme actuación de los Comités de marineros y soldados, y de la mayor parte de los Cuerpos de Auxiliares Navales y escasos miembros del Cuerpo General y de los Servicios, permanecen leales al Gobierno la mayor parte de las unidades: un acorazado, tres cruceros, dieciséis destructores, cuatro guardacostas, doce submarinos, siete torpederos, diez lanchas antisubmarinas, un cañonero, y la totalidad de los aviones de la Aeronáutica Naval. Las únicas Bases Navales que no se sublevan son las de Cartagena y Mahón
La supremacía material de la flota leal, tiene que afrontar dos graves problemas: la falta de mandos cualificados del Cuerpo General, al ser detenidos, muertos durante las refriegas de los primeros días de la sublevación, o asesinados posteriormente por las tripulaciones, así como la falta de eficacia en la cadena de mando por la desconfianza de los Comités, dueños de la situación en estos momentos y escasamente proclives a aceptar la disciplina de mando, de unos oficiales de dudosa lealtad republicana. Lo primero se intenta paliar con el ascenso de los oficiales más fiables, la incorporación de oficiales de la marina mercante (Reserva Naval), la recuperación de oficiales expulsados o relegados a funciones irrelevantes (decreto de mayo de 1937), y, a partir de octubre de 1938, con la creación de la Escuela Naval Popular en Cartagena, de la que solo llegó a graduarse una promoción.
Con la llegada de Indalecio Prieto a la Subsecretaría de Marina en mayo de 1937, se abre una política de reorganización de la Armada, basándose en criterios de disciplina y eficacia
clásicas, a las que tan reacios se muestran las tripulaciones, y bien lejos de la
disciplina consciente y revolucionaria inspirada por los Comités al comienzo de la guerra.
El principal objetivo de la Flota leal, desde el mismo 17 de julio, es patrullar por el Estrecho de Gibraltar, para impedir su cruce por las fuerzas rebeldes del Ejército de África concentrado en Ceuta, una vigilancia ineficaz que no puede impedir el paso de dichas fuerzas, sobre todo a partir de septiembre de 1936, en que el grueso de la Flota leal se desplaza al Mar Cantábrico, con el vano objetivo de frenar la ofensiva terrestre fascista, evitando el bloqueo de sus puertos -que no se logra-, posiblemente el más grave error nunca explicado cometido por Indalecio Prieto. Mientras tanto, las fuerzas de Regulares y de la Legión, un poderoso y eficaz ejército de maniobra y ofensiva, apoyado masivamente por suministros enviados por Hitler y Mussolini, lleva a cabo su ofensiva fulminante sobre Madrid, ampliando su actuación a zonas de Andalucía y posteriormente, tras el fracasado intento del asalto a Madrid en noviembre de 1936, trasladando las operaciones al Norte de España.
Durante los primeros días del intento de sublevación en la Flota, la actuación de los Comités es determinante, procediendo a neutralizar a los oficiales manifiesta o sospechosamente golpistas, deteniendo a unos, y muriendo otros en el curso de los enfrentamientos. Muchos de los detenidos en Cartagena, Málaga y Mahón, serán asesinados en agosto por miembros de los Comités, como represalia por los bombardeos aéreos de zonas residenciales con víctimas civiles, y como expresión justiciera de un ambiente de efervescencia revolucionaria, que pretende cambiar de forma irreversible el injusto orden social existente hasta ese momento.
El Comisariado de la flota.
Al tomar Indalecio Prieto la cartera de Marina, pone en marcha el Comisariado, compuesto por
delegados políticos, incorporándose al mismo algunos de los miembros de los Comités, junto con otros elementos más moderados, que progresivamente van sustituyendo a los primeros hasta la completa extinción de aquellos, asumiendo únicamente funciones secundarias de tipo cultural y de atención a temas logísticos del personal, desterrando del ámbito militar la propaganda ideológica -motor de la lealtad en momentos decisivos- y afectando severamente a la moral combativa antifascista, al implantar los viejos modos de la rutina y subordinación cuartelera, dejando el mando operativo a un cuadro de jefes y oficiales, entre los que son minoría los manifiestamente leales a la República. El Comisariado se compone mayoritariamente de auxiliares, cabos y marineros. El Cuerpo General queda excluido por la desconfianza que inspiran entre las tripulaciones y dependencias en tierra.
Prieto envía a Cartagena al diputado socialista Bruno Alonso, como Comisario General de la Flota, con el objetivo de organizar en el ámbito de la Base Naval las funciones asignadas a esta nueva organización, con la que se pretende despolitizar la Armada eliminando el componente ideológico, relegar las funciones técnicas de la Armada al Cuerpo General, a los Patentados y al de los Auxiliares, haciendo que los Delegados Políticos asuman un papel complementario de apoyo al mando, ocupándose de las necesidades materiales de las clases de marinería y de la propaganda antifascista, ajena a los partidos políticos.
Pese a esta intención, los roces entre mandos y comisarios son constantes por invasión de competencias, y poco a poco el Comisariado va perdiendo fuelle, por lo que con el desvanecimiento ideológico, y el ninguneo de los Comisarios, la Armada pierde alma combativa, ambiente propiciado por la Quinta Columna que no es ajena a promover estos enfrentamientos.
El papel de la Marina republicana en la guerra
Esta breve aproximación al panorama que ofrece la Armada de la República al iniciarse la contienda, sirve para concienciar al lector de que la tenaz resistencia mantenida, ante la superioridad material abrumadora de las fuerzas rebeldes y sus aliados nazifascistas, se explica cuando conocemos que es la Flota leal -a pesar de sus deficiencias- la que hace posible con la seguridad de sus escoltas, la llegada a puertos republicanos de buques mercantes, transportando cientos de miles de toneladas de suministros de guerra, carburante, alimentos y materias primas, sin cuyo concurso la República hubiera perdido la guerra por agotamiento de recursos, a poco de iniciada la contienda.
Al finalizar la guerra, el mando rebelde llega a esta misma deducción: la culpa de que tras el fracasado levantamiento, haya tenido que afrontarse una larga guerra con cuantiosas pérdidas, es atribuible a la lealtad de la mayor parte de la Marina de Guerra, cuya acción resuelta y en ocasiones, expeditiva, inclina de forma decisiva la balanza a favor de la República, permitiendo con ello prolongar durante tres años el resultado de la contienda, hasta su dramático final con la huida de la Flota a Bizerta (Túnez), como consecuencia del levantamiento casadista del 5 de marzo de 1939. De no haber existido la decidida reacción de los Comités,
la Flota entera se hubiese unido al movimiento rebelde, y desprovista la República de este arma y cerradas las fronteras terrestres por decisión del Comité de No Intervención, le hubiera sido imposible recibir suministros a través de unos puertos bloqueados por la marina rebelde. La resistencia republicana se hubiera extinguido por extenuación en pocos meses, agotadas las escasas reservas de que disponía.
2. La investigaciones judiciales
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cuerpo jurídico de armada |
Conscientes de las consecuencias que para los sublevados tiene la actitud de lealtad de los Comités, el Cuerpo de Especialistas Navales y una parte reducidísima del Cuerpo General, los vencedores de la Guerra Civil ponen en marcha una vasta operación represiva, no solo destinada a castigar comportamientos delictivos (como el de los asesinatos de jefes y oficiales).
El método utilizado para la implantación del nuevo régimen no fue la justicia, si no el terror, una pesada losa que aprisionó con especial dureza, -muy por encima del Cuerpo General republicano- a las Clases de marinería, cabos, marineros y obreros de la SECN (Arsenal), componentes mayoritarios de los Comités, y en menor medida del Comisariado, entre los que se registraron el mayor número de sentencias a muerte ejecutadas en la posguerra.
Durante la guerra, casi la totalidad de los mandos de la Armada simpatizantes de los sublevados, tras las primeras persecuciones y el pánico generado por la acción de los Comités, han ido ocupando puestos cada vez de mayor relevancia, y establecido redes de complicidad con organizaciones clandestinas derechistas, especialmente con la Quinta Columna y con el Socorro Blanco. Dentro de sus respectivas áreas de competencia, han creado una tupida malla de complicidades, que les permite compartir información -que luego suministran a agentes franquistas a través de los consulados o de las tripulaciones de los buques surtos en el puerto-.
Los que ostentan puestos de responsabilidad técnica, practican toda clase de sabotajes de forma solapada, mientras que desde la colaboración con elementos civiles de la Quinta Columna, planean una sublevación coordinada entre fuerzas de Artillería y de la Base Naval, que la acción implacable y tenaz de SIM (Servicio de Inteligencia Militar republicano) consigue desbaratar varias veces. Una actitud casi corporativa que confirma -aunque no la justifique- la actuación de los Comités en la represión del movimiento insurreccional de los primeros días.
Al final y al margen de la estructura de mando, es el espíritu antifascista de la dotaciones y del personal de tierra, muy influenciados por el ambiente político e ideológico que se respira entre la población, además de los esfuerzos del Comisariado por mantener alta la moral -muy decaída por efecto de los bombardeos y de las malas noticias de los frentes- lo que consigue sostener el esfuerzo de guerra. Cuando los altos mandos intuyen que la guerra está militarmente perdida, la gente -dentro y fuera de la Base Naval y del Arsenal- se aferra a la confianza en la consigna señalada por el jefe del Gobierno Negrín "Resistir es vencer", como la última esperanza para impedir el triunfo del fascismo. Este espíritu se derrumba el 5 de marzo de 1939 durante la sublevación casadista. Los marinos que actuaron para sofocarla, lo pagarán posteriormente ante los consejos de guerra.
Seis meses después del final de la guerra, comienza la II Guerra Mundial, tal como Negrín había advertido y con la alineación ideológica de Franco con Alemania y Francia, es de prever la posible entrada de España en el conflicto, una razón fundamental para apresurar la limpieza de la Marina de
"desafectos" y de
"enemigos del régimen", especialmente entre el Cuerpo de Auxiliares Especialistas, cabos, marinería y soldados de Infantería de Marina, que habían sido el sostén principal de la Marina hasta ese momento.
Nadie mejor que los jefes y oficiales que han formado parte de la Quinta Columna o relacionados con ella, para trabajar como agentes informadores de las actuaciones de sus compañeros de armas durante la guerra, Las delaciones se basan en la convivencia cercana de los denunciantes e informadores con los denunciados, cuya confianza se ganan durante la guerra, lo que les permite conocer la ideología y grado de compromiso republicano de cada uno de ellos.
La onda represiva llega también a los marinos republicanos que han llegado a Bizerta con el grueso de la Flota. Muchos de ellos, ante la incertidumbre de su futuro en el ambiente hostil de Bizerta,(Túnez),a punto de ser internados en campos de concentración en condiciones infernales, en una colonia a las órdenes de un gobierno francés que ya ha reconocido al de Franco, son engañados por las promesas del contraalmirante franquista Francisco Moreno, llegado el 2 de abril a bordo de dos transportes para hacerse cargo de la Flota, tras su entrega por las autoridades francesas, con la música celestial de la "promesa benevolente del Caudillo:
"Nada tena de la justicia quién no tenga las manos bañadas de sangre". Apenas desembarcados en Rota, son internados en un campo de concentración, y sometidos a un proceso de depuración, que lleva a muchos ante los consejos de guerra, con su ristra de condenas a muerte, ejecuciones, condenas de presidio y, en el mejor de los casos, separación del servicio. Tan solo los jefes y oficiales del Cuerpo General manifiestamente profranquistas, salen bienparados de esta purga.
España sale de la contienda con una economía en bancarrota, sus infraestructuras destruidas o seriamente dañadas, y un panorama de desabastecimiento general, que convierte la muerte por inanición en la primera causa de muerte entre la población; con estos antecedentes, pudiera sorprender la ingente cantidad de recursos detraídos por el estado emergente, para la puesta en marcha de un programa represivo contra los vencidos, que tiene por objetivo la instauración por el terror de un régimen totalitario, entre una población vencida, pero mayoritariamente simpatizante de la causa republicana. La planificación de esta operación represiva, exige un enorme y cuidadoso esfuerzo de organización y coordinación, así como la dedicación de enormes recursos económicos, logísticos, administrativos, legales y de personal, subordinando a este fin todas las demás prioridades del nuevo estado, en el que el lema publicitario de los vencedores,
"ni un español sin pan, ni un hogar sin lumbre", o el de
"nada tema de la justicia quién no tenga las manos manchadas de sangre", comienza a resonar como el más siniestro de los sarcasmos.
Cuando hablamos de "
represión franquista", no nos estamos refiriendo a un hecho histórico generalista, inconcreto y evanescente, en donde se diluye en una sombra fantasmal las víctimas, los métodos, el marco procesal y carcelario y sobre todo y envuelto en una nebulosa de rostros, sin caras ni nombres, el equipo humano necesario para poner en marcha, con eficacia y sostenimiento, semejante máquina de terror. El objetivo de este capítulo radica en eso, en aportar los nombres de los victimarios, sus áreas de responsabilidad en el aparato represivo, y la fecha documentada en que se encuentran aplicando las doctrinas del terror franquista.
Prestaremos atención en este apartado, a ir rellenando este insondable laguna de vacíos y olvidos, aportando algunos de los nombres, apellidos, cargo y función, de los marinos que se ofrecieron por voluntad propia -y gratificada-, al servicio de aquella ardua tarea contra sus propios hermanos de armas, llevados de su vesania, de su ambición o de sus planes secretos de venganza.
La relación de componentes de la máquina naval represiva franquista que se ofrece más adelante, no pretende ser exhaustiva, ya que solo se refiere a elementos militares implicados en la denuncia, incoación, instrucción, procesamiento y condena de los vencidos. Las Causas de Marina, bajo la forma jurídica de
Sumarísimos de Urgencia, los tribunales militares y los consejos de guerra, y otros documentos judiciales y fuentes manejadas, suponen la culminación de un arduo procedimiento inquisitorial, en el que estos agentes se implican con celo extremado en toda España. Hablamos de decenas de miles de convencidos franquistas, revestidos de uniforme, provistos de armas, carnet, jurisdicción, autoridad y paga Un
status oficial que se verá complementado, cuando fuera preciso, por una cobertura tal de impunidad, que les permitirá llegar hasta las últimas expresiones tiránicas, disponiendo a su antojo de la vida, la integridad, y los derechos más elementales de los vencidos.
La actuación conjunta de todos estos agentes, auxiliados por la complicidad de funcionarios y servidores de instituciones oficiales y privadas, dejará en la Marina de Guerra un reguero de condenas a muerte, largas penas de cautiverio y trabajo esclavo, destierros, torturas, hambre, sufrimiento y desesperación. Nadie hasta el día de hoy, ha pedido perdón a sus víctimas, ni ha sido procesado por sus crímenes.
La operación se pone en marcha.
Ante el comienzo de las primeras actuaciones (abril de 1939), el Jefe del SIP,
teniente de navío Antonio Pasquín y de Flores, redacta un informa para el Juez Instructor de la Causa General de Marina, de la implicación en el complot previo al 18 de julio de 1936, de la mayor parte de los integrantes del Cuerpo General, Artillería Naval, Sanidad, Ingenieros, Intervención, Intendencia e Infantería de Marina, de que tras los enfrentamientos habidos en la Base Naval y a bordo de las unidades durante el inicio de la sublevación, y los asesinatos de jefes y oficiales producidos en los buques
"España-3" y
"Sil", gran parte del
staff de la Flota ha actuado soterradamente a favor de los rebeldes, pero no así las Clases de Marinería (cabos, marineros y soldados), ni en el Cuerpo de Auxiliares Navales, en donde -como ya se ha comprobado- se advierte una manifiesta adhesión corporativa al régimen republicano.
El 2 de abril de 1939, se pone en funcionamiento en dependencias del Arsenal el SIP (Servicio de Información de Personal), a cuyo mando el capitán de corbeta Antonio Pasquín y de Flores, se constituye al frente de aquella auténtica Gestapo, con ramificaciones de escucha y delación en toda la Base Naval. Su misión es confeccionar un minucioso archivo de expedientes abiertos a todos los miembros de la Armada destinado en la Base Naval desde julio de 1936. Nadie, de marinero a almirante y de aprendiz a ingeniero de la SECN (Sociedad Española de Construcción Naval del Arsenal) escapa a este control inquisitorial, realizado de forma rudimentaria pero eficaz, que permite establecer desde la perspectiva de los vencedores, su grado de compromiso con la República, o por el contrario, "
los servicios prestados a la causa del Glorioso Movimiento Nacional" .
A la cabeza de un inmenso aparato represivo se encuentra el
almirante Francisco Moreno y Fernández, relevado en el mando en 1941 por el
almirante Francisco Bastarreche y Díez de Buelnes, como Jefe del Departamento Marítimo de Cartagena y de su Base Naval y Arsenal. El 18-10-41 designa al capitán de corbeta Ricardo de Benito Perera, como Juez Instructor de la Causa General de la Marina en la BN de Cartagena, quién ayudado de su secretario, el capitán de infantería de marina Miguel Ruíz González, diseñan un complejo dispositivo burocrático para interrelacionar archivos, unificar criterios y crear las bases organizativas del gigantesco proyecto represor, del que sirva como muestra saber que en los primeros meses de la posguerra llegan a constituirse en la Marina 57 Juzgados de Instrucción, mientras que la Auditoria de Guerra del Ejército de Tierra solo dependen 3.
El volumen de trabajo acumulado en los Juzgados de Instrucción, obliga a detraer cuantiosos recursos humanos y materiales para los cometidos represivos, en unos momentos de absoluta precariedad con carencias de todo tipo, que obliga a tener la Flota varada por falta de personal, medios técnicos y suministros de todo tipo; aún así se le da máxima prioridad a los servicios de Justicia Naval, sacando personal de dependencias y buques para atender funciones judiciales y policiales, para las que no están preparados, disponiendo tan solo de seis jefes y oficiales pertenecientes al Cuerpo Jurídico de la Armada. Todos los demás: jueces de instrucción, secretarios, presidentes, vocales, defensores y fiscales de los consejos de guerra, son militares absolutamente desconocedores del mundo del Derecho, salvo el Ponente, que asesora a los tribunales y redacta las sentencias, que se adoptan siempre por votación.
Los juicios son públicos. En los primeros asientos suelen acomodarse las viudas y familiares enlutados, de los jefes y oficiales asesinados y muertos en refriegas al comienzo de la guerra o en el curso de la misma, los llamado
"Gloriosos Caídos por Dios y por España". Aunque las tres cuartas partes de los procesados son juzgados individualmente, el resto lo son en juicio múltiples, como sucede con la Causa 131/40 José Rico Lago, en la que son 44 los procesados; la 194/30 Cristóbal López Crisantos y 20 más, 210/39 Fernando Senti Oli y 30 más, 214/39 Celso Pérez Fuentes más 53. Causa 557/39 Manuel Fernández Olivares y 59 más, etc, estando situada la media aproximada de los juicios colectivos alrededor de cinco procesados.
Las vistas orales tienen lugar en la Penitenciaría Naval, conocida por "
la grillera" , preferentemente por la mañana, tras haber asistido los miembros del tribunal a la preceptiva
"misa de Espíritu Santo" a bordo de buque "
Marqués de Comillas" para implorar la luz divina en la toma de decisiones. ¿Quiénes son estos personajes?. Se puede ver en el
Anexo 1 (Los agentes de la represión).
La justicia naval
La base jurídica que empleará la justicia naval franquista para justificar su actuación, será el
Código de Justicia Militar de 1890, la Ley de represión de la Masonería y el Comunismo, de 1940, el nuevo Código Penal de 1944, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, Ley de Seguridad del Estado de 1941, Código Penal de Marina de Guerra de 1889 y el Código de Justicia Militar de 1945, que unifica los de los tres ejércitos, además de otras leyes complementarias como las relacionadas con el régimen penitenciario, que no es objeto de este trabajo, pero que culminaría con las crueles condiciones de su cumplimiento, no solo el castigo a los "
culpables", sino el doblegamiento del estamento militar vencido, -con una base mayoritariamente republicana-, por la ejemplaridad y escarmiento que tales sufrimientos proyectan sobre los entornos familiares, sociales y laborales de los presos y condenados.
De los 2.820 expedientes (entre Diligencia Previas y Causas) de la Marina, relativos a 4.022 procesados, conservados en el Archivo Naval de Cartagena, el 76% de los consultados por este investigador se refieren a
Cabos, marineros y soldados; los pertenecientes a esta baja categoría de empleo, son los que se llevan exponencialmente la peor parte del rigor de las sentencias, no solo por el mayor porcentaje relativo de sentencias a muerte ejecutadas, si no por lo pródigo de las condenas a largas penas de presidio, por los motivos más nimios. De la baja extracción social y cultural y social de algunos, da idea el hecho de encontrar a bastantes analfabetos, que firman sus declaraciones forzadas sin conocer su contenido. El maltrato a los detenidos, con el resultado en ocasiones de muerte a causa de torturas físicas, lo que traslada a los entornos familiares la zozobra y el sufrimiento, al conocer por vías indirectas los métodos de crueldad con que son tratados.
Se aporta como
Anexo 2 una relación, no definitiva, de jefes y oficiales del Cuerpo General, que permite verificar la relativa benignidad estadística de las setencias, en comparación con las aplicadas a los miembros del Cuerpo de Auxiliares y sobre todo, a las Clases de Marinería.
En el
Anexo 3 se incluye relación de los componentes de la Flota Republicana asesinados en el cementerio de Los Remedios de Cartagena.
3. La prueba de un crimen judicial
Causa de marina 544/39 contra el cabo fogonero Sebastián Heredia Hernández
Este trabajo nos sitúa ante un caso manifiesto de prevaricación en el proceso que enfrenta a un cabo fogonero de la Armada, frente a un tribunal de la marina de guerra franquista tras finalizar la guerra civil.
Sebastián tiene sesenta y tres años en 1939, es natural de Alumbre (Cartagena), está casado, y no consta -aunque los tiene- el nombre de sus hijos; con domicilio en el barrio de Peral, calle Gutiérrez, . No estamos ante ningún personaje de tuviese alguna destacada actuación, ni política ni militar, ni que destacase por su trayectoria al servicio de ninguna causa determinada. La descripción que en el sumario se hace del perfil de este cabo de la Marina, lo define como un personaje gris, de escasa formación y malos modos, con nula influencia en algunos de los pasajes que dejaron su impronta en la historia cartagenera en los aciagos días de la guerra civil.
Lo que realmente aporta un plus de singularidad a este sumario es su zafia argumentación jurídica, así como la execrable maquinación con la que el fiscal y el tribunal actúan para condenar al cabo Heredia como un chivo expiatorio más, con que los vencedores pretenden vengar el asesinato de la elite golpista en 1936; contrasta esta actuación con la del juez instructor, que actuando con rara objetividad se limita a recoger los informes y las declaraciones, reconociendo no apreciar responsabilidad alguna en el procesado sobre los asesinatos en los posteriormente quieren involucrarle.
El sumario de la Marina 544/39 es una prueba jurídicamente irrebatible, de la comisión de un
asesinato judicial perpetrado en Cartagena por un tribunal militar de la marina en 1940.
El marco histórico de los acontecimientos.
El 21 de agosto de 1936 el acorazado republicano
Jaime I, resultó gravemente averiado en Málaga por tres bombas lanzadas en un ataque aéreo rebelde durante su patrullaje por aguas del estrecho de Gibraltar, registrándose tres tripulantes muertos, varios heridos e importantes averías, consiguiendo llegar el 14 de agosto a Cartagena muy escorado.
Poco antes y para evitar asaltos y "
sacas" incontroladas de militares derechistas detenidos, el Jefe de la Base de Cartagena, Vicente Ruíz, ordenó a partir del 21 de julio, concentrar en los buques
España 3 y
Sil a los mandos militares facciosos presos en la cárcel de San Antón y en el castillo de Galeras, con el fin de hacerlos zarpar poniéndoles a salvo, en el caso de que la muchedumbre o los
comités de marineros y soldados -fuera del control de las autoridades- intentasen poner en peligro sus vidas; una prudente medida adoptada en previsión de los desórdenes que efectivamente, la dinámica de los acontecimientos acabó precipitando. Pero fue peor el remedio que la enfermedad.
Tras el entierro multitudinario de las víctimas del
Jaime I el mismo día de su llegada a puerto, en medio de la exaltación de la tripulación y de buena parte de la muchedumbre concentrada en tierra, un grupo de marineros del acorazado seguidos de una partida de milicianos armados, se presentaron por la noche en la escuela de submarinos, exigiendo que les entregasen a los oficiales golpistas allí detenidos, negándose a ello las fuerzas que los custodiaban. Ante el mal cariz que presentaba la situación, a las 02:30 h de la madrugada del 15 de agosto, el jefe del Arsenal ordenó a los capitanes del
España 3 y del
Sil, que se hiciesen a la mar de inmediato.
Lamentablemente para ese momento las tripulaciones y los comités subidos a bordo, contagiados por la furia vengativa que se vivía en tierra, se impuso a sus capitanes y a escasas millas de la costa, de las bodegas del
España 3 fueron sacando a 152 detenidos, fusilando a unos y arrojando vivos a los demás por parejas, atándoles pesos en los pies. Parecidos acontecimientos tuvieron por escenario el otro buque-prisión, el Sil, en donde fueron asesinados 52 presos.
Aquellos hechos no se olvidaron al terminar la guerra el 29 de marzo de 1939, procediéndose a la búsqueda y detención inmediata, no solo de los implicados en aquel asesinato incontrolado, si no de cientos de marineros y soldados bajo la sospecha circunstancial de haber formado parte de las tripulaciones del Jaime I y del Sil, de los comités, y con menos carga inquisidora, del Comisariado, imputándoles haber tenido la mas mínima relación con ellos, siendo sometidos a salvajes interrogatorios y fusilados, mezclándose ante los pelotones de fusilamiento algunos de los responsables de aquellos hechos, con personas absolutamente inocentes a los que se les persiguió únicamente por sus convicciones ideológicas y por ser leales a sus mandos y al gobierno de la República.
La referencia a los crímenes cometidos en el España 3 y el Sil, es una constante presente en cientos de sumarios, intentando salpicar con graves responsabilidades a centenares de procesados que no tuvieron nada que ver con los sucesos, y en muchos casos -como sucede en el proceso que analizamos en este trabajo- forzando pruebas objetivamente eximentes, hasta hacerlas aparecer como pruebas de cargo por los fiscales, acrecentadas por los tribunales pese a lo insostenible de su torticera argumentación. La mano del jefe del Arsenal, almirante Francisco Bastarreche, estampa su firma al pie de muchos de estos expedientes, ordenando las ejecuciones en el campo de deportes del Arsenal con solemne ritual y asistencia obligada de militares y obreros de la SECN del Arsenal, en el que no falta la banda de música para amenizar el espectáculo.
El expediente.
El 13 de febrero de 2009, me desplacé al Archivo Naval con sede en el Arsenal de Cartagena; ante mí y para su consulta y reproducción, descansaba en una mesa el sumarísimo de urgencia relativo a D. Sebastián Heredia Hernández, cabo fogonero de la Marina Republicana. Días antes, la familia de este militar republicano había recurrido a mí en solicitud de información para conocer las circunstancias que llevaron a su ejecución por el supuesto de delito de "adhesión a la rebelión". Lo único que sabían por familiares de otro preso, es que "lo habían torturado hasta dejarle medio muerto por las palizas que le daban", confirmando las sospechas de su familia, por estado de las ropas que les enviaban para ser lavadas, ya que no podían visitarle por estar incomunicado. Tras una rápida revisión de los documentos, procedí a fotografiarlos digitalmente con el fin de entregar copia a los familiares demandantes, acelerando el farragoso y largo proceso administrativo que hubiesen tenido que poner en marcha para obtener estos resultados.
El procesado.
Sebastián Heredia, había sido cabo fogonero en la Armada mucho antes de la instauración de la República, habiendo causado baja en la misma tras haber estado destinado varios en el Arsenal de Cartagena antes de iniciarse la guerra civil. Pese a tener 59 años al producirse el levantamiento fascista, solicita su incorporación a la Marina de la República, siendo admitido por la experiencia que se le suponía y por la falta de mandos de fidelidad acreditada.
Finalizada la guerra, es detenido en los primeros días de abril de 1939, acusándole de haber tomado parte en los asesinatos cometidos a bordo del buque-prisión España 3, siendo de señalar que en el folio nº 3 del sumario, que remite al inicio de las diligencias, se inserta un traslado de escrito anterior, en el que se aprecia un absoluto caos en las fechas, descontextualizando incompresiblemente la secuencia cronológica de los acontecimientos. Primera señal de un intento manipulador en la instrucción del sumario que se lleva a cabo en el Juzgado Militar Permanente nº 3 de Cartagena, bajo la presidencia del teniente auditor provisional del Cuerpo Jurídico Militar Ángel González Caffarena, continuada por el teniente de infantería de marina Enrique León Gómez, por orden del auditor del Departamento Marítimo del Mediterráneo, el teniente coronel auditor Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada. El 28-06-39 el detenido es trasladado de la cárcel de San Antón al penal militar, en donde permanecerá hasta el momento de su traslado para ser fusilado.
El servicio de Información de Personal del Departamento (SIP), en su informe de 11-10-39 no atribuye al detenido ninguna adscripción política, afirmando que Sebastián se había jactado en la puerta de la taberna de que haciendo de jefe de la guardia [del España 3] había entregado las llaves
"entregándolas muy a gusto" y de haber dado varios tiros de gracia
"de propina"; el informe finaliza calificándole como INDESEABLE para la Causa Nacional. El jefe de puesto de la Guardia Civil de Cartagena, Antonio Navarro Garrido, informa en escrito de fecha 23-12-39, que antes de la guerra observaba mala conducta y que era considerado como un verdadero anarquista, y que
"se le supone que probablemente tomó parte en los asesinatos del España 3".
La primera declaración que consta en el sumario lleva de fecha 06-11-39, y en ella Sebastián declara ante el juez de instrucción que tiene 63 años, casado y de profesión cabo de fogoneros; que poco antes del estallido de la guerra y estando en situación de baja en la Armada desde hacía varios años, había solicitado su reingreso para completar los algo más de dos años de servicio que le faltaban para tener derecho a una pensión por retiro, siendo admitido a los dos días de iniciarse la sublevación y destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería como cabo de escuadra durante un año, realizando algunos servicio en el penal y otras dependencias, como el destacamento de las Atalayas, el refugio de Miranda y en Portman, en donde le sorprendió el final de la guerra, formando parte siempre de fuerzas de marinería.
Niega haber realizado ninguna guardia en el España 3, así como que dijese que hubiera dado tiros de gracia a nadie. Su escasa vinculación con la cadena de mando queda reflejada al final de su declaración, cuando manifiesta que no conoce a ningún militar que pueda avalarle, señalando a dos comerciantes de los Molinos que pueden informar sobre él.
El primero de ellos, Antonio Legaz Nicolás, de 37 años, panadero, afirma en su declaración de 07-11-39, que Sebastián tiene una manera de hablar exaltada, pero no sabe que haya hecho daño material a nadie. Reconoce que el encartado se manifestaba en tono disparatado, teniendo discusiones violentísimas en cuanto le contradecían, pero que nunca le ha escuchado nada que le relacionase con los hechos de que le acusan. Llamado a declarar ese mismo día, Alfonso López Gómez, 44 años, casado, comerciante, ratifica exactamente la anterior declaración. Más tarde comparece Pascual Machuca Hernández, de 39, casado, operario de la Maestranza, que solo recuerda haberlo visto como jefe del puesto del control de entrada al Cuartel de Marinería e indica los nombres de algunas personas que pudieran aportar más datos, compareciendo Eulogio López Galdós, de 22 años, estudiante y vecino de Sebastián, que solo manifiesta haberle visto de cabo de la guardia, cerrándose así las declaraciones de los testigos.
Vemos como en este sumarísimo de urgencia
no se aporta un solo testimonio de cargo sostenido con una firma, no solo de los testigos, que no van más allá de afirmar creerle capaz -por su carácter- de decir tales bravuconadas, si no que ni siquiera el juez instructor es incapaz de conseguir de la Guardia Civil, del Servicio de Información Policial (Policía Militar), ni de los demás declarantes, que se identifique el origen de tales acusaciones; en consecuencia, observamos la inexistencia de testigo de cargo alguno en prueba oral o documental fehaciente, basando la carpeta de cargos en una recolección de habladurías convertidas en juicios de intenciones, que son elevadas por el fiscal y asumidas por el tribunal militar, considerándolas por sí solas como elementos de prueba de responsabilidad criminal en su máximo grado, elaborando una cabriola semántica que no soporta el más benevolente de los análisis.
El 09-11-39 el juez instructor lo declara procesado por el delito de adhesión a la rebelión contemplado en el apartado 2º del artículo 128 del código de la marina de guerra, permaneciendo en prisión preventiva.
En un escrito muy posterior de fecha 13-07-40, que trascribe resumiendo todo lo actuado hasta esa fecha, el juez instructor le atribuye al procesado la categoría de "
Sargento de la Guardia Militar" en el Arsenal durante la guerra, por lo que cabe pensar que en razón de su edad, experiencia y servicios pudiera ser ascendido a tal empleo, añadiendo: no se le conoce participación activa en ningún crimen ni hecho delictivo de relieve (…) por la unanimidad que se percibe en los informes recibidos, que lo califican de extremista exaltado y
lo suponen partícipe en hechos en los que ha intervenido, tan solo por los alardes que ha ido haciendo por doquier. El juez instructor reconoce que Sebastián nunca estuvo en el España 3 y como única razón para procesarle establece el hecho de haber reingresado en la Armada voluntariamente al servicio de la República; esta diligencia lleva fecha de 16-02-40.
Pese a lo dicho, en sus resoluciones provisionales de fecha 24-02-40, el fiscal del Departamento Fernando Rodríguez, ratifica el empleo militar de
"sargento" para el procesado y le acusa de tener ideología izquierdista y de haber hecho gran propaganda en este sentido, alardeando de haber intervenido en numerosos crímenes y entre ellos los cometidos en el España nº 3, contemplados en el artículo 128 del código penal de la marina de guerra y penados en su punto 2º, no apreciándose ninguna circunstancia atenuante.
El consejo de guerra se celebra en la sala de justicia del penal de Marina el 1 de marzo de 1940 a las 10:00h, siendo sus componentes los jefes y oficiales José María de la Puerta, Bernardo Llobregat, Luis Gonzaga, Alejandro Flores, José Solana y Juan de Goytía, bajo la presidencia de Domingo de Paul. En los resultandos, se presentan como "
hechos probados" las declaraciones e informes en las que se acusa al procesado de
"alardear" y jactarse de haber dado tiros de gracia a los "canallas fascistas" y otras frases igualmente tremendistas, para reconocer a continuación expresamente como "hechos que no han tenido comprobación" que no habiendo tomado parte directa en crimen alguno: su jactancia colabora en la creación de un ambiente que hizo natural y lógico a los ojos de los rebeldes la ejecución de los más execrables criminales y si bien no ha quedado probado su participación en los mismos, sí que se trata de un individuo de peligrosidad, ya que estas jactancias eran para los rebeldes que las escuchaban, una incitación a cometer los expresados crímenes y siempre una aprobación de los mismos.
El tribunal pronuncia su veredicto:
pena de muerte por el delito de adhesión a la rebelión, con las accesorias para caso de indulto previstas en el artículo 44 del código aplicado, pérdida de todos los derechos pasivos e inhabilitación absoluta para cargo público.
Las contradicciones que concurren en la instrucción del sumario, destacadas por el propio juez instructor en su informe, colisionan gravemente con las conclusiones del fiscal quién, incluso reconociendo la no participación del cabo Heredia en los sucesos del España 3, hace una interpretación forzada del código penal de la marina de guerra, solicitando
treinta años de reclusión, pena reservada únicamente para los autores o cómplices de tan graves de los delitos.
La lectura de la sentencia producirá perplejidad incluso a los conocedores de la naturaleza perversa de aquellos consejos de guerra viciados de origen, puesto que el tribunal realiza en sus resultandos y considerandos una acrobacia argumental intelectualmente inasumible, deduciendo que las bravatas del cabo fogonero por sí solas, equivalen no solo a un acto de inducción al delito, sino que eleva su gravedad haciéndola equiparable a la comisión misma de los asesinatos perpetrados en el buque prisión siendo por ello merecedor el cabo, de ser condenado por el tribunal a la pena de muerte, ¡superando incluso la pena solicitada por el fiscal!.
Tales incoherencias no pasan desapercibidas al presidente, al ponente y a los vocales del consejo de guerra, quienes para descargarse de alguna manera de una sentencia tan temeraria, hacen constar al final de la misma: OTROSÍ Decimos que debemos proponer y proponemos la conmutación de la pena impuesta por la inferior en grado… refiriéndose a la aplicación de las medidas de gracia que había otorgado recientemente el dictador. Es decir que el tribunal emite simultáneamente una sentencia a la última pena para solicitar seguidamente su conmutación apelando a la magnánima generosidad del Caudillo.
No es de la misma opinión el auditor del Departamento, José de Gandarillas, quien en su escrito de fecha 08-03-40 al comandante general del Departamento en funciones, Cristóbal González-Aller, es contrario a la misericordia del tribunal al dictaminar ajustada a derecho la sentencia considerando que el reo no es merecedor de la conmutación, ya que según resulta en los autos de la misma sentencia, fue un instigador asesino,
aunque no está probado que sea autor material de los mismos.
El 16 de marzo siguiente, el comandante general toma en cuenta la despiadada recomendación del auditor del Departamento y decreta su conformidad con la pena de muerte, quedando pendiente su ejecución a recibo del telegrama de respuesta del ministro de Marina.
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"Enterado" de la sentencia a la pena de muerte. Fuente: (ANC) causa 544/39 |
El cabo fogonero de la Marina Republicana Sebastián Heredia Hernández, es fusilado por un piquete de Infantería de Marina en el cementerio de Los Remedios (Cartagena) a las 6 horas del 8 de abril de 1940.
Documentos de archivo
Archivo Naval de Cartagena (ANC). Fondo: Sumarísimos de urgencia y Causas y expedientes de la guerra civil.
Caja nº 619 (sin número) SIM ROJO (Servicio de Investigación Militar republicano)
1/39 Juan Escobar Rodríguez ejecutado
1/49 Francisco Hernández Raja y otros causa colectiva
3/39 Base de Submarinos 3 ejecutados
3/39 Rollos 1, 2 y 3 (Base de Submarinos) 5 ejecutados
4/39 Benito Sacaluga Rodríguez ejecutado
9/42 Leoncio de la Torre Almoguer (colectiva) 9 ejecutados
10/39 Juan Martínez Gallardo ejecutado
11/39 Andrés Ayala Molina ejecutado
12/40 Base Naval de Mahón (colectiva)
14/39 Colectiva (Sanidad)
19/39 Manuel López Ruíz ejecutado
22/39 Juan García Salazar ejecutado
26/39 Diego Soto Baeza ejecutado
42/39 Bautista López Ferrer ejecutado
49/39 Sebastián Juanico Dalmedo ejecutado
85/29 José Lanzón López ejecutado
90/39 Benito Pedraja Bustio ejecutado
130/39 Antonio Barrera Rodríguez ejecutado
131/40 Colectiva, 42 procesados
136/39 Enrique Martínez Godínez
138/39 Matías Vega Caparrón ejecutado
141/39 José Balboa López ejecutado
145/39 Asesinatos en el España-3
149/39 Antonio Barrero Caro ejecutado
158/39 Antonio Sacristán Gattu ejecutado
162/42 Expediente informativo
191/39 Pascual Rubio Martínez ejecutado
194/39 Antonio Moya Romero ejecutado
Id José Abenza Molina ejecutado
Id José Baños Ros ejecutado
Id Adolfo Payán Martínez ejecutado
Id Mariano Serrano Ramos ejecutado
Id Vicente Jiménez Cuenca ejecutado
Id Pedro Alifa Galvache ejecutado
Id Juan Fernández Sánchez ejecutado
Id Miguel Marín Olivo ejecutado
Id Cristóbal Pérez Martínez ejecutado
Id Antonio Paredes Zamora ejecutado
Id Ángel Mula Siles ejecutado
Id José García Nájar ejecutado
204/39 Expediente Base Málaga - Lepanto
210/39 Colectiva, 32 procesados
214/39 Crucero Libertad, 53 procesados
217/39 José González Padín ejecutado
227/39 Modesto García García ejecutado
Id Ramón González Fraga ejecutado
Id José Beltrán Bataller ejecutado
Id José Úrculo Núñez ejecutado
248/38 Manuel Fando del Río ejecutado
Id Rafael Vela Fernández ejecutado
250/39 Colectiva (Sanidad)
265/39 Pedro Adrover Gómez (España-3) ejecutado
272/39 Colectiva "Almirante Valdés"
277/39 Enrique Isart Alonso ejecutado
421/41 Antonio Gallego Mejías ejecutado
460/39 Ceferino Ferro López ejecutado
539/49 Gumersindo Freira Durán ejecutado
544/39 Sebastián Heredia Hernández ejecutado
557/39 Colectivo crucero "Libertad", 73 procesados
773/39 Juan Codina Espino ejecutado
809/40 Colectivo varios ejecutados
821/39 Exped.informativo José Balboa Fernández
843/39 Francisco Legaz Vivancos ejecutado
867/39 Colectiva (Intendencia)
935/35 Colectiva (Médicos de la Armada)
1101/39 José García Pérez ejecutado
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