El proceso de Lluís Companys de 1934.-a

Lluís Companys declara ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por
los hechos del seis de octubre de 1934 LUIS R. MARIN

El hallazgo de una copia del sumario permite reconstruir el efímero Estado catalán proclamado en octubre de 1934. MANUEL SIMON ELENA LORENTE Barcelona 25 JUL 1993 La aparición de una copia íntegra del sumario instruido en 1934 contra el presidente de la Generalitat Lluís Companys por los hechos acaecidos en Barcelona en la llamada Revolución de Octubre, permite reconstruir al detalle lo que pasó durante la breve existencia (tan sólo unas horas) del Estado catalán que proclamara Companys. El texto del consejo de guerra -que conservaba Mercedes Téllez Satué, de 82 años, hermana de un empleado del abogado de Companys- es una fuente documental directa para los historiadores e inédita hasta ahora a causa de la total oscuridad en que el Ejército mantiene aún los procesos instruidos durante la República, la guerra civil y el franquismo. El documento ratifica que el presidente Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, en lo que él entendía como un intento de salvar el espíritu republicano y democrático del 14 de abril, ante la entrada de las derechas de la CEDA en el Gobierno de Madrid y la aparición de rastros de fascismo en Europa. El movimiento revolucionario tuvo una especial incidencia en Cataluña y en Asturias. En Barcelona, Companys asumió la responsabilidad de lo que pasó, actitud que compartieron especialmente los consejeros Ventura Gassol, Lluhí y Comorera. La detención de Azaña El general Batet, jefe de la IV División Militar, con sede en Barcelona, vaciló antes de ordenar a, sus fuerzas que intervinieran para abortar la declaración de la república federalista proclamada por Companys el 6 de octubre desde la sede de la Generalitat. Batet, de acuerdo con la sorprendente declaración que figura en el sumario, "recibió un télex del Gobierno de Madrid" que le decidió a lanzar las tropas contra el Palau de la Generalitat. En ningún momento consta que el general se dirigiera a la cúpula militar o a otras autoridades no civiles. El documento contiene la relación completa de todos los procesados y de sus cargos; el distanciamiento del entonces diputado Josep Tarradellas y de muchos otros dirigentes; la reconstrucción de los hechos acaecidos desde el momento de la proclamación hasta la rendición de la Generalitat y el Ayuntamiento, y el número exacto de muertos y heridos. Hay dos escenarios principales que enmarcan este relato histórico: la plaza de la República (actualmente de Sant Jaume), donde se produjo la proclamación de Companys; y los barcos militares Uruguay y Ciudad de Cádiz, atracados en el puerto de Barcelona, adonde fueron conducidos los detenidos. El "Estado Catalán dentro de la República Federal Española" fue proclamado a las 20. 10 del 6 de octubre de 1934 desde el balcón del Palau de la Generalitat. Companys lo justificó por la situación de crisis que atravesaba la República española. Las apenas 10 horas de breve vida federalista que narra el proceso son un fiel testimonio de las contradicciones del presidente. La fuerte tensión hizo oscilar su péndulo personal entre el impulso de situar a Cataluña en la vanguardia de España en la lucha contra el fantasma del fascismo que amenazaba Europa y el finalmente impuesto sentido común, que le aconsejó rendirse al general Batet a las 6 de la mañana del día 7 "para evitar víctimas", una vez convencido de que la resistencia era inútil. El antagonismo circunstancial y la fuerte personalidad de Companys y Batet, así como el respeto mutuo que se tenían, resaltan notablemente en distintos apartados del texto. Los respectivos destinos personales posteriores confirman la trágica paradoja de la historia, ya que los dos principales antagonistas de los hechos de octubre fueron los únicos que acabarían muriendo fusilados -esta vez en el mismo bando-, condenados por sendos consejos de guerra. El primero en comparecer ante un pelotón de ejecución franquista fue el mismo Batet, el 18 de febrero de 1937. El presidente Companys corrió la misma suerte el 15 de octubre de 1940. El general Sebastián Pozas Perea, masón y liberal y hombre de confianza de Batet, abrió la fase instructora del consejo de guerra por rebelión militar. Pozas imprimió al texto un estilo flexible y legalista, que contrasta con la habitual chapucería de documentos militares del mismo estilo. Posteriormente, fue revelado por el coronel Pedro Escalera, que actuó con fuerza y dureza. Incluso llegó a someter a un segundo y frío interrogatorio, por escrito, a Batet, que ya empezaba a ser criticado sin miramientos por algunos sectores militares y fuerzas conservadoras, que le acusaban de haber dominado la revuelta de octubre sin hacer demasiado uso de la fuerza. Además de este proceso militar contra los principales jefes institucionales de la frustrada rebelión de octubre, aproximadamente 3.000 personas más fueron detenidas y encarceladas en varios barcos atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona. * Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de julio de 1993

Juicio. Entre la extensa obra publicada sobre el ex-presidente de la Generalitat  Lluís Companys  merece la pena rescatar un libro injustamente olvidado, ‘Vida y sacrificio de Companys’, escrito en el exilio por Ángel Ossorio Gallardo, quien fuera su abogado defensor en el juicio celebrado en 1935 en el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, que le condenó a 30 años de cárcel por la insurrección del 6 de octubre de 1934. El viaje de la mano de Ossorio merece la pena. Osorio visitaba con frecuencia a su cliente en la cárcel para preparar su defensa. “Le pido instrucciones para el cumplimiento de mi cometido”. El letrado obtenía siempre la misma respuesta.   “Solo le encargo dos cosas –dice Companys--, una, que recabe para mí toda la responsabilidad, y otra, que no consienta nada de humillaciones, ni tampoco de jactancias”.  El juicio se acercaba en el calendario y al abogado le inquietaba la calma con la que el expresidente encaraba la situación. “Companys, conviene que tenga usted el ánimo preparado a que el fiscal le pida la pena de muerte”.  Él le respondió:  “¡Oh!, es que si no me la piden me estafan”.  La más palmaria es que Companys estaba ahí, desdeñó huir como le propuso Josep Dencàs (menos mal, porque el filofascista consejero de Governació huyó por la alcantarilla y necesitó que le prestaran un traje de tan sucio que quedó), y en su intervención final ante el tribunal quiso dejar claro el papel de cada cual.  “Si aquí hay un responsable soy yo, o, por lo menos, he de asumir la mayor parte de la responsabilidad”. La biografía, que Ossorio publicó por primera vez en 1943 en Buenos Aires, su lugar de exilio, es rica en detalles que solo un abogado podría conocer. Tras leer el fiscal su informe acusatorio (“correctísimo en la forma, mal intencionado en el fondo, ajeno al Derecho, sumiso a la política”, según sus apuntes personales), Companys se acercó al fiscal.  “Las insinuaciones que ha hecho las ha podido mantener porque estoy en el banquillo y usted goza de privilegio, pero no dejan de ser una cobardía”. Eso le dijo, según el letrado. Las valoraciones de Ossorio no son, por supuesto, imparciales, pero son jugosas por venir de alguien que indignado renunció al cargo de gobernador civil de Barcelona tras la Semana Trágica, que fue diputado en las Cortes Generales y que, según sus propias palabras, se situaba en el espectro político en la franja de los liberales conservadores. También encasillaba a Companys, llegado el caso. Cara a cara con Batet. “Companys no era un separatista. La mayoría de los consejeros no lo eran tampoco. Aunque había algunos que creían serlo, yo estoy bien enterado de que al llegar la hora de las realidades no lo serían”, sostenía Ossorio.  Es una reflexión a cotejar por cualquier experto ‘procesista’ que se precie de serlo. El debate entre los historiadores sobre si el 6 de octubre de 1934 se alentó desde el balcón de la Generalitat una rebelión aún no ha concluido. El abogado sostiene que no, que Companys lo que hizo fue evitar que se precipitara una guerra civil. No obvia que el ‘president’ ordenó al general Batet que se pusiera a sus órdenes, prueba de cargo de la rebelión, e incluso añade sobre esta cuestión un detalle llamativo. Rendido el gobierno ante las circunstancias, fue conducido a la residencia oficial de Batet. Este –señala Ossorio— al verle llegar “se adelantó con los brazos abiertos y comenzó a hacerle unas reconvenciones amistosas”. Companys se puso digno.  “Somos prisioneros, general, y no hemos venido a escuchar discursos. Haga usted con nosotros lo que tenga que hacer”. Esta biografía rica en detalles explora también a fondo las razones por las que Companys dijo lo que dijo en aquella alocución que le llevó a la cárcel. Fue por una visión distorsionada de la realidad. Estaba convencido de que todas las provincias se habían levantado en armas contra el involucionismo de la derecha española. En verdad, el único incendio real era el de Asturias. Lo fácil es concluir precipitadamente que eso sería inimaginable hoy, en estos tiempos de tanto twitter, pero no está de más recordar que tan pernicioso es el déficit como el exceso de mensajes, como quedó bien acreditado en vísperas del simulacro de independencia del 27 de octubre del 2017. “Catalanes, las fuerzas monarquizantes y fascistas que de tiempo atrás pretenden traicionar a la república…”.  Así comenzó Companys aquel histórico discurso en el que, lejos de dinamitar puentes con España, ofreció Barcelona como sede del gobierno de la república. El juicio, celebrado a partir del 5 de enero del 1935 en Madrid, formaban el tribunal 21 vocales, de los que Ossorio salvaba profesionalmente solo a cinco.  El resto eran, en su opinión, “reaccionarios, incomprensivos e imparciales”. “Almas toscas”, dice. Peor retrato hizo del fiscal, Lorenzo Gallardo, “pésimo orador, clerical y oscurantista a más no poder”.  La sentencia es conocida. 30 años para todos los encausados. Companys, en el penal del Puerto de Santa María, sabía que la política y la justicia no eran compartimentos estancos. Hizo sus cálculos. Supuso que las elecciones le indultarían. “Serán en toda España una victoria aplastante, en Catalunya, un alud”. Acertó. Los abogados defensores. Los abogados elegidos para defenderlos fueron nombres importantes. Ángel Ossorio y Gallardo es, por desgracia, uno de los hombres más olvidados de la pasada centuria. Fue gobernador civil de Barcelona durante la Semana Trágica de 1909 y a partir de ese instante crucial, cuando se cortaron las líneas telefónicas para impedir la extensión de la crisis, transitó de una idea monárquica muy laxa al republicanismo.  Los otros encargados de defender a los encausados fueron el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, el futuro ministro de Estado, Augusto Barcia y Amadeu Hurtado, que con anterioridad había sido conseller de la Generalitat durante el mandato de Macià.

Abogados defensores

Luis Jiménez de Asúa

(Madrid, 1889 - Buenos Aires, 1970) Jurista y político español. Profesor de derecho penal en la Universidad de Madrid desde 1918, desarrolló luego su labor docente en diversas universidades hispanoamericanas durante la dictadura de Primo de Rivera, quien en 1926 había forzado su exilio a las islas Chafarinas

Como miembro del Partido Socialista, durante la Segunda República fue diputado a Cortes por la circunscripción de Granada en todas las elecciones generales (1931, 1933 y 1936) y, por su condición de prestigioso jurisconsulto, presidió la comisión parlamentaria encargada de elaborar la Constitución republicana (1931). Esta comisión finalizó su trabajo a finales de agosto de 1931, y el día 27 de ese mes la nueva Constitución fue presentada al Parlamento constituyente, comenzándose su discusión en el hemiciclo el día 16 de septiembre.

El texto constitucional republicano era un conjunto de fácil lectura, compuesto de 125 artículos, cuyo enunciado inicial definía a España como "Una República democrática de trabajadores de todas clases, que se organiza en régimen de libertad y de justicia". Con esta argumentación se asimiló a la ciudadanía el estatus social de trabajadores; quedaban, pues, fuera de la nación los grupos sociales aristocráticos y el mundo del privilegio y el linaje. Los dos puntos de confrontación fueron, esencialmente, los relativos a la cuestión religiosa y a la propiedad y sus derechos.

Nombrado director del Instituto de Estudios Penales, Luis Jiménez de Asúa participó posteriormente en la redacción del Código Penal de 1932, y durante la guerra civil española fue ministro plenipotenciario de la República en Praga. Finalizada la guerra civil, en 1939 se exilió en Argentina, donde continuó su carrera docente en la Universidad de La Plata; impulsó en esa época de forma decisiva los estudios jurídicos en Latinoamérica con la publicación de su obra Códigos penales iberoamericanos. Estudio de legislación comparada (1946). En 1962 fue nombrado presidente de la República en el exilio. Entre sus obras destacan La teoría jurídica del delito (1931), El criminalista (1941-1949), La ley y el delito (1945) y Tratado de derecho penal (1949-1963).

Amadeu Hurtado Miró 

(Villanueva y Geltrú, 28 de enero de 1875 - Barcelona, 11 de febrero de 1950) fue un abogado y político español.

Nacido en Villanueva y Geltrú el 28 de enero de 1875,1​ se ganó un gran prestigio como abogado cuando fue uno de los defensores de Pedro Corominas en el proceso de Montjuic. Ideológicamente era federalista y republicano, y con este sentido en 1906 figuró en la comisión directiva de la Solidaridad Catalana, con la que fue elegido diputado por Tarrasa en 1907.2​ En 1910 se retiró de la política cuando se disolvió la Solidaridad, pero colaboró en los diarios El Poble Català y La Publicitat (entonces La Publicidad), en el que fomentar su proceso de catalanización y traducción de nombre. Desde El Liberal y El Heraldo de Madrid hizo campaña a favor de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona en 1922, pero dimitió en 1924 como protesta por intromisión de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. En 1929 fundó el semanario Mirador.

En 1930 formó parte de la comisión que redactó el apéndice del derecho catalán del código civil español, y redactó el preámbulo del anteproyecto. En 1931 fue consejero adjunto del gobierno provisional de la Generalidad de Cataluña y mantuvo muy buenas relaciones tanto con Francesc Macià como con Niceto Alcalá Zamora. En las elecciones generales de 1931 fue elegido diputado a Cortes españolas en la circunscripción de Barcelona provincia3​ por ERC. Participó de manera destacada en los debates para la aprobación de la Constitución Española de 1931 (donde defendió la separación entre iglesia y estado), para el Estatuto de Autonomía de 1932 (Estatuto de Nuria) y a favor de la Ley de Contratos de Cultivo. Sin embargo, en 1933 abandonó ERC para entrar en Acció Catalana Republicana.

En 1934 fue elegido presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña y del Ateneo Barcelonés, y se le considera principal promotor del Primer Congreso Jurídico Catalán de mayo de 1936. Aunque no participó en los hechos del seis de octubre de 1934, defendió al alcalde de Barcelona y los concejales del ayuntamiento, encarcelados por orden del gobierno español. Al acabar la guerra civil española se exilió a Perpiñán (Francia). En 1949 volvió a Barcelona y falleció el 11 de febrero de 1950.4​ Fue padre del escritor Odó Hurtado i Martí.

Augusto Barcia Trelles 

(Vegadeo, 5 de marzo de 1881-Buenos Aires, 19 de junio de 1961) fue un abogado, escritor, periodista y político español, de ideología republicana. Durante el período de la Segunda República llegó a ser varias veces ministro y presidente del Consejo de Ministros. Tras el final de la Guerra civil española marchó al exilio.

Nació en Vegadeo, provincia de Oviedo, el 5 de marzo de 1881. Doctor en Derecho y abogado, fue hermano de Camilo Barcia Trelles, catedrático de Derecho Internacional, que tuvo como discípulo a Adolfo Miaja de la Muela.

Desde temprana edad destacó en el ámbito periodístico. Fundador de la revista La Joven España, colaboraría con diarios como El Correo, El Liberal o La Libertad y ejerció también corresponsal de varios periódicos extranjeros en España.​ Barcia, de firmes convicciones europeístas y favorable a los Aliados en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, publicaría durante el conflicto un buen número de artículos y crónicas en El Liberal, periódico del que además sería director en 1914.

En su juventud Barcia fue miembro del círculo de amigos del político Segismundo Moret, destacado miembro del Partido Liberal. Por influencia de Moret y de Gumersindo de Azcárate, acabó militando en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez.

Para las elecciones de 1914 presentó su candidatura a diputado en Cortes por el distrito almeriense de Vera; lo hizo presentándose bajo las siglas del Partido Reformista y con el claro apoyo de algunos notables de esta formación en Almería.​ Sin embargo, no resultó elegido diputado. En las elecciones de 1916 sí lograría obtener acta de diputado por el distrito de Vera, y con posterioridad revalidaría el escaño en los comicios de 1918, 1919, 1920 y 1923.

Durante su etapa en las Cortes destacaría especialmente por sus intervenciones sobre política exterior. Tras el establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera se retiró de la política activa, dedicándose a la profesión de abogado. La negativa de Melquíades Álvarez a criticar la dictadura llevarían a Augusto Barcia a distanciarse de su antiguo padrino político.

En 1931, con el advenimiento de la Segunda República, volvió a la política. En las elecciones a Cortes Constituyentes de aquel año se postuló como diputado por la circunscripción de Almería, pero no saldría elegido. A pesar de este fracaso, a nivel nacional tuvo un papel relevante durante estos años. En 1931 el gobierno le designó presidente del Consejo Superior Bancario y un año después sería nombrado representante de España ante la Sociedad de Naciones, en Ginebra.

Tras un período de aproximación se afilió, en 1933, a Acción Republicana (AR), el partido de Manuel Azaña. Gracias a la influencia de Barcia, el Diario de Almería pasó a convertirse en órgano provincial del partido Acción Republicana.

De cara a las elecciones de noviembre de 1933 forjó una alianza entre Acción Republicana y el Partido Radical de Lerroux en la provincia de Almería, logrando obtener escaño.13​ Barcia fue uno de los pocos diputados que obtuvo Acción Republicana, que a nivel general sufrió un descalabro en los comicios. Ante aquella situación, AR se uniría a los republicanos gallegos y los radicalsocialistas independientes para formar un nuevo partido, Izquierda Republicana (IR), formación en la cual Augusto Barcia también se integraría. En el seno de la organización provincial almeriense de IR se convirtió en su principal líder.

Defendería a Lluís Companys y otro miembros de la Generalidad de Cataluña por su participación en la proclamación del Estado Catalán en octubre de 1934.

De cara a las elecciones de febrero de 1936 formó parte de las candidaturas del Frente Popular por Almería, siendo el candidato más votado —con 68.175 votos— y logrando revalidar su acta de diputado. Tras la victoria obtenida por la coalición del Frente Popular, el 19 de febrero fue nombrado ministro de Estado en el gabinete que presidiría Manuel Azaña. Entre el 11 y el 13 de mayo asumiría el cargo de presidente del Consejo de Ministros, tras la dimisión de Azaña —que había sido elegido presidente de la República—. Al frente del gobierno sería sucedido por Santiago Casares Quiroga, manteniendo no obstante el cargo de ministro de Estado.

Tras de la Guerra civil, en julio de 1936, asumió el puesto ministro de la Gobernación en el brevísimo gobierno que encabezó Diego Martínez Barrio. Volvería a desempeñar la cartera de Estado en gabinete presidido por José Giral, cesando en septiembre de 1936.​ Fue nombrado embajador de España en Uruguay, aunque no asumiría el cargo debido a la ruptura de relaciones entre ambos países.​ Aunque se mantuvo en un segundo plano, asistió a las reuniones que las Cortes republicanas celebraron en octubre de 1937 y agosto de 1938. Avanzada la contienda, ejercería como asesor de la Embajada española en París y como embajador de España ante la Unión Soviética.

Viendo la guerra irremisiblemente perdida, en 1939 abandonó Europa y se trasladó a Hispanoamérica, instalándose en Buenos Aires. A su marcha al exilio se sumó la represión por parte de la dictadura franquista. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó a treinta años de reclusión e inhabilitación absoluta para ejercer su profesión, mientras que el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas le impuso una multa de veinticinco millones de pesetas y la confiscación de todos sus bienes.​ Se llegó a proponer, incluso, la pérdida de su nacionalidad española.​

Desde 1941 fue presidente del Patronato Hispano-Argentino de Cultura, desarrollando una febril actividad como escritor y conferenciante. En paralelo, también colaboraría activamente con las instituciones republicanas en el exilio: formó parte de la junta central de Acción Republicana Española,​ al tiempo que ejercía como delegado en Argentina de la Junta Española de Liberación.​ Acabada la Segunda Guerra Mundial, asistió en Ciudad de México a la reunión de las Cortes republicanas en el exilio. En agosto de 1945 se convirtió en ministro de Hacienda del gobierno de la República en el exilio presidido por José Giral, cargo que detentaría hasta agosto de 1947.Falleció en Buenos Aires el 19 de junio de 1961.