Viernes 11 de Agosto de 2000
La iglesia católica debió dialogar con el gobierno militar, el que finalmente accedió a dejar ir a los supuestos autores del crimen del general Carol Urzúa.
El 16 de enero de 1984 Jaime Yovanovic Prieto, alias "El Hugo" o "El Sordo", José Héctor Aguilera Suazo, Pamela del Carmen Cordero Cordero y Elba Duarte Valles, alias "La Chica Luisa", ingresaron a la Nunciatura Apostólica pidiendo asilo político.
Los servicios de seguridad de la época no pudieron detectar con antelación la maniobra que prepararon con mucha ayuda, según se reclamó en la época, y se inició un tira y afloja diplomático muy difícil de ganar para el Gobierno del general Augusto Pinochet.
El agradecimiento de Chile hacia la Santa Sede por su mediación en el diferendo limítrofe con Argentina, que en 1978 evitó una segura confrontación bélica entre ambas naciones, puso en duros aprietos a la administración de la época.
Por una parte, Pinochet se enfrentaba a la afrenta más grave sufrida por su régimen, apoyado por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile y Carabineros.
Un general de Ejército, de su plena confianza y que ocupaba un cargo administrativo importante, como la Intendencia de Santiago, había sido asesinado en plena calle poniendo en jaque todo el aparataje de seguridad interior liderado por la Central Nacional de Informaciones, CNI.
Por otra parte, el Papa Juan Pablo II en persona demandaba las visas para los miristas. El Nuncio Angelo Sodano, quien había cumplido un papel preponderante en la negociación con Argentina, era el vocero de Su Santidad.
Las negociaciones fueron públicas y soterradas. El Vaticano en varias ocasiones hizo trascender las reuniones entre monseñor Sodano y el Canciller Jaime del Valle como, por ejemplo, la sostenida el 28 de enero en el aeropuerto Comodoro Arturo Benítez, cuando este último llegaba procedente de Roma.
La presión hacia el gobierno militar aumentaba diariamente, como reflejaban las declaraciones emitidas por parte del Comité Permanente del Episcopado.
Aunque durante los primeros días ningún país se pronunciaba por otorgar asilo a los terroristas, las gestiones de la Iglesia apuntaban hacia varios países sudamericanos.
La polémica interna arreciaba. Juristas de la época debatían públicamente si se trataba de delincuentes comunes que debían ser puestos a disposición de la justicia o si eran perseguidos políticos.
Hasta que el 1 de febrero Ecuador se ofreció para otorgar refugio temporal a los perseguidos.
Sin embargo, el Presidente Pinochet había dicho públicamente, durante una visita a la ciudad de Castro, que "sobre este problema, soy el primero en tener más dolor, porque no puedo acceder a su petición", refiriéndose a lo que había solicitado el Papa Juan Pablo II, como era el salvoconducto para cada uno de los cuatro extremistas.
El 13 de febrero el gobierno de Chile anunció su determinación oficial, de no darles la salida a los cuatro refugiados. La reacción de los obispos se hizo saber a través de una declaración pública, insistiendo en la petición del Vaticano.
Cuatro días más tarde, arribó a Chile monseñor Claudio Celli, miembro de la Curia Vaticana, el más alto organismo de la Iglesia, quien fue enviado especialmente por Su Santidad a Chile para tratar el tema.
El 4 de abril, desde Quito trascendió que los cuatro miristas viajarían hacia esa nación al llegarse a un acuerdo para su salida. Sin embargo, el Canciller del Valle se apuró a informar que la determinación final estaba en manos del general Pinochet.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados envió a su representante Luise Drüke a entrevistarse con el ministro de Relaciones Exteriores. Aunque en esa oportunidad negó que se haya tratado el tema de los asilados de la Nunciatura, posteriormente se supo que su intervención tuvo repercusiones.
A las 3.25 horas del 7 de abril, 82 días después, los cuatro abandonaron la Nunciatura Apostólica en medio de severas medidas de seguridad rumbo al aeropuerto acompañados por el Nuncio Angelo Sodano.
Terminaron de esta manera las tensas negociaciones. Pamela Cordero y José Aguilera fueron aceptados por Bélgica, mientras que Jaime Yovanovic y Elba Duarte en Ecuador.
Del paradero actual de las mujeres, nada se sabe. Aguilera murió en 1993 en La Pintana en un enfrentamiento con Carabineros, mientras que Yovanovic fue liberado ayer por la justicia italiana.
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los criminales miserables, están en exilio disfrutando los frutos de su villanía, y nunca fueron castigados por crimines, son una basura social
ResponderEliminarBueno saber esta historia de "Ungeneral Criminal que como autoridad en Chile durante la Dictadura Genocida de Augusto Punochet causó tantodaño a los civiles chilenos . Y los años devida que tengo me han enseñado que: "EL CRIMEN SIEMPRE PAGA" . 👍😜☠️😠
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