Alberto Mariano Espinoza Pino, Abogado del Frente Manuel Rodriguez.-a

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Alberto Espinoza, abogado de “Punto Final” en la demanda al Estado. “Desde que soy abogado, he estado comprometido profesionalmente con la defensa de las causas que la gente identifica como de derechos humanos. Nos ponen una etiqueta que creo es un poco grande”, dice modestamente Alberto Espinoza Pino.  Egresó de la Universidad de Chile en 1979 y se tituló en 1985. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) por más de veinte años. Ha sido defensor de presos políticos, de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y de presos políticos mapuches. Presentó la primera querella contra Pinochet y asumió la defensa de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que participaron en el atentado contra el dictador en 1986, y de los frentistas que internaron armas por Carrizal Bajo.  Ahora también representa a Patricia Troncoso y a otros comuneros mapuches condenados en virtud de la ley antiterrorista en una denuncia interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, defiende a Mauricio Hernández Norambuena, que permanece preso en Brasil, y a Galvarino Apablaza, cuya causa está radicada en Argentina. A estos casos “emblemáticos” se agrega la representación de Punto Final en la lucha que la revista viene dando desde hace años por lograr que el Estado distribuya equitativamente el avisaje fiscal en los medios de comunicación, como una manera de garantizar a los chilenos la pluralidad informativa y la libre expresión en una sociedad que se dice democrática. La publicidad estatal en la prensa escrita se concentra en los dos grandes grupos empresariales de las comunicaciones, El Mercurio y Copesa (La Tercera), principales exponentes del “pensamiento único”. Los medios independientes son marginados y muchos sucumben en la dura lucha por subsistir. Luego de plantear a las autoridades este problema durante años en reiteradas ocasiones, sin resultados, Punto Final presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, que también resultó infructuosa. El paso siguiente fue una demanda contra el Estado por infracción a la libre competencia interpuesta por el director de PF, Manuel Cabieses Donoso, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el pasado 13 de mayo (ver PF 662). ¿Cómo se embarcó en esta causa de “Punto Final”? “A través de Manuel Cabieses, director de Punto Final, publicación que tiene una historia política y raíces ideológicas que se mantienen vigentes hasta hoy. Conocí la situación de la revista y estuve dispuesto a asumir esta tarea, que sabemos es difícil, casi titánica. Desde el punto de vista jurídico e ideológico, me parece una demanda absolutamente legítima y justa. Se requiere interpelar a los organismos del Estado para resolver este problema de inequidad y arbitrariedad, que afecta las bases de la democracia”. ¿Ve esta pelea en el marco de los derechos humanos?  En la medida en que se defienden derechos esenciales de las personas, como la libertad de información, expresión y opinión. “Desde luego, está ciento por ciento enmarcada en ese campo. Y además, toca el centro de la democracia, porque esos derechos son fundamentales para que la democracia a la cual aspiramos sea una realidad empírica y no se transforme en un eufemismo político. Los gobiernos de la Concertación no han querido desprenderse de la herencia de la dictadura militar y eso se advierte con nitidez en el ámbito de los medios de comunicación. Cualquier persona percibe que en Chile no existe pluralismo informativo. La propiedad de los medios de comunicación escritos está concentrada en dos grandes grupos, El Mercurio, que tiene una cadena de diarios a nivel nacional, y Copesa, propietaria de La Tercera, La Cuarta y otros medios. Bajo esa aparente diversidad de medios, no hay pluralidad informativa ni ideológica. En la televisión se da el mismo fenómeno. Están Megavisión, canal que pertenece al empresario Ricardo Claro; Chilevisión, de Sebastián Piñera; Canal 13, de la Iglesia Católica, y Televisión Nacional, donde bajo un pretendido pluralismo prevalecen las ideas conservadoras y líneas editoriales que no se identifican con los sectores más progresistas. Obviamente, nos encontramos con un mensaje uniforme que genera una opinión pública muy alejada de lo que debiera ser en un sistema democrático con una sociedad informada y consciente. Al contrario, aquí imperan la farándula, la violencia y se machaca una misma idea hasta que queda obsoleta y se cambia por otra. Todo esto se repite en forma coherente y armónica en los canales de televisión, en El Mercurio y en La Tercera. Es un monólogo comunicacional, un bombardeo informativo unilateral del cual lamentablemente no podemos sustraernos”. ¿Qué razones dio la Fiscalía Nacional Económica para rechazar la denuncia que presentó “Punto Final”? “No dio razones. Fue una resolución muy lacónica. Estimó que, de acuerdo con la valoración que hizo de los antecedentes, no se daban los presupuestos para continuar adelante con la denuncia de infracción a las normas de la libre competencia”. ¿Cuál es el curso que debe seguir la demanda presentada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? “El 16 de mayo recibí una carta donde se me comunicó que la demanda fue acogida a tramitación, lo que se comunicará a la parte demandada. En este caso, el Estado está particularizado en ChileCompra, porque es la entidad a través de la cual se canaliza el avisaje de las instituciones públicas. Una vez que ChileCompra sea notificada, tendrá un plazo de quince días para responder la demanda. Después vendrá un término probatorio, habrá que acompañar antecedentes documentales y testimoniales. Tal vez pediremos informes de peritos u otros medios de prueba con la finalidad de generar la convicción en el Tribunal de que aquí no hay libre competencia”. ¿Sobre qué bases se planteó la demanda? “En Chile se cacarea que hay libertades de todo tipo, como algo inherente a este sistema capitalista neoliberal donde impera el libre mercado. Supuestamente, el ente casi metafísico que es el mercado asignador de recursos, determina que todas las actividades humanas se puedan desarrollar con la más absoluta libertad. Entre ellas, la libertad de información. Pero hay un elemento fundamental para que esta libertad se pueda materializar en forma cabal, y tiene relación con el financiamiento de los medios de comunicación. Los medios no se financian por la vía de la venta, sino fundamentalmente a través del avisaje. El Estado es un gran demandante de los medios de comunicación para la publicación de avisos de distinta índole, desde licitaciones a mensajes de utilidad pública. Gasta cuantiosos recursos en avisos, y gracias a eso, medios como El Mercurio y La Tercera han sobrevivido. Al canalizar y focalizar los recursos destinados a publicidad en este duopolio, el Estado deja que el resto de los medios se encaminen hacia la extinción. Así desaparecieron los diarios La Epoca y Fortín Mapocho, las revistas Análisis, Apsi, Cauce, Hoy, Rocinante y tantos otros medios. Todos dejaron de existir por razones económicas, debido a que no podían financiarse exclusivamente con su tiraje. Los diarios deben tener un precio accesible al público, por lo que requieren de otras fuentes de financiamiento distintas a la venta directa y el Estado no avisó en ninguno de esos medios”. Definitivamente, no opera la libre competencia. “No puede operar. Por eso apelamos a las mismas leyes que justifican y dan fundamento a este sistema. Si quieren jugar con las reglas de este mercado, háganlo en forma transparente y pluralista. Curiosamente, en una oportunidad, después de reclamar a autoridades de gobierno… ¡a Punto Final le mandaron dos avisos! ¡Dos avisos en casi 18 años post dictadura! ¡Con eso creen que han resuelto el problema!”. ¿En qué se sustenta la demanda jurídicamente? “En la Constitución Política de la República, que habla de estas libertades. Cuando la intervención del Estado incide directamente en la falta de libre competencia, hay un impacto político. No es solamente una cuestión de carácter económico. Si el Estado asignara recursos por la vía del avisaje a todos los medios escritos -incluyendo a Punto Final, El Siglo, El Siglo en Huelga y otros-, la sociedad tendría posibilidades de acceder a publicaciones que presentan diversas formas de ver las cosas. Un sistema democrático se fortalece en la medida en que hay libertad de información y pluralidad de medios de comunicación. De otra forma se debilita la democracia y el sistema político tiende a ser identificado con el autoritarismo y el pensamiento conservador. ¡Para qué estamos con cuentos! El periodismo no es neutro. Los medios transmiten una visión de la sociedad que se identifica con líneas ideológicas y políticas. El Mercurio tiene una línea conservadora, lo vemos en su postura frente al divorcio, a la píldora del día después y en sus columnas editoriales. También en La Tercera están anidados los pensamientos más reaccionarios de la sociedad”. ¿Le parece probable que se llegue a ganar este juicio? “Tengo la impresión que es una demanda atendible por el Tribunal, que se pueden acordar fórmulas de conciliación o llegar a un compromiso de parte del Estado para implementar herramientas que hagan realidad la libertad de información por la vía de una distribución más equitativa de los recursos del Estado. Hay parlamentarios que ven con buenos ojos una demanda de esta naturaleza, porque están conscientes de que efectivamente hay concentración del avisaje estatal. Tenemos esperanzas de que esto tenga éxito”. Si no fuera así, ¿hay otra instancia a la cual apelar? “Si esta demanda es rechazada, tenemos en el ámbito interno la Corte Suprema. Y si allí también nos va mal, tenemos el derecho internacional. En el escenario regional está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la cual podemos presentar la denuncia, pero una vez que se hayan agotado las instancias dentro de Chile. Si la Comisión Interamericana estima que hay una infracción a la Convención Americana de Derechos Humanos, podría canalizar la denuncia a la Corte Interamericana para que tome una decisión de carácter vinculante con el Estado de Chile”. ¿Y están dispuestos a llegar hasta allí? “Estamos dispuestos. Lo único que esperamos es que el tiempo nos dé vida y salud para seguir adelante con esto” PATRICIA BRAVO (Publicado en “Punto Final” Nº 663, 30 de mayo, 2008)

Alberto Espinoza Pino es el abogado de Marcela Mardones, ex pareja del “comandante Emilio”, ambos responsables de participar en el asesinato de Jaime Guzmán. Pero ese es solo un nombre. Espinoza, ex PC, también defiende a los prófugos Ricardo Palma Salamanca, Juan Gutiérrez -“El Chele”- y al “comandante Ramiro”. Aquí entrega sus razones y cuenta parte de su historia.Soledad  Garcia  Nannig; Maria Veronica Rossi Valenzuela; Francia Vera Valdes

El abogado del frente

Alberto Espinoza (63), abogado de DD.HH., tiene una visión del caso del fallecido senador UDI Jaime Guzmán. Y esa es que es un asesinato, un atentado a la autoridad o incluso un crimen en el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero que cualquiera de estas tres alternativas escapan a un acto terrorista. A su juicio, no fue un actuar sobreseguro. Guzmán agonizó y -dice- si hubiera recibido atención médica oportuna habría sobrevivido, quizás. Que las armas utilizadas no eran de gran poder, que eran pistolas de puño.

En eso, Espinoza es particularmente duro: 

“¿Por qué les dicen ‘comandantes’?”, pregunta en referencia a “Emilio” y “Ramiro”, ambos implicados en el asesinato de Jaime Guzmán. 

“Comandantes de qué…, puros mitos… Lo que ocurrió con Guzmán no fue terrorismo, no se puede comparar un robo con un hurto, tampoco el asesinato de esta autoridad, que se puede enmarcar en un crimen político, pero donde no se configura el delito terrorista como lo exige la ley chilena”, asegura.

Lo que ha dicho Espinoza vale como el abogado de Marcela Mardones, la ex pareja de Raúl Escobar, el “comandante Emilio”, apresado la semana pasada anterior en México. Y no solo eso. Espinoza se ha encargado de la defensa de varios frentistas emblemáticos, como Mauricio Hernández Norambuena – el “comandante Ramiro”-, además de Juan Gutiérrez Fischmann, “El Chele”. También defendió a los ex lautaristas Rodolfo Retamales Leiva, el “Garza”, y Pablo Morales Fuhrimann, ambos implicados para luego ser sobreseídos en el caso bombas. Lo de Marcela Mardones no es nuevo para Espinoza.

Formación 

Alberto Espinoza egresó del Liceo Manuel de Salas en 1970 y luego ingresó al Pedagógico. Más tarde llegó a la Academia de Artes, donde lo pilló el Golpe Militar. Su padre biólogo estudió e hizo clases en el Pedagógico y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su madre era dueña de casa. Ambos eran de izquierda, pero sin filiación partidaria, lo mismo que sus tres hermanos. “Eramos una familia común”, dice Espinoza, quien vivió su infancia en Ñuñoa y desde que nació ha sido colocolino y de izquierda.

En 1973 tuvo que abandonar la universidad, porque tras el golpe se cerró la Escuela de Bellas Artes. Aunque por esos años no militaba, afirma haber sido siempre una persona con compromiso social, al igual que su familia. Espinoza dice:

“Fui allendista, de la Unidad Popular”. 

La llegada de los militares y su salida de Bellas Artes hicieron que ingresara a Derecho en la Universidad de Chile, en 1975, con 22 años, varios años por sobre sus compañeros ingresados a la escuela tras salir del colegio, entre ellos Jorge Burgos y los ministros de la Corte Suprema Arturo Prado, Andrea Muñoz y Juan Manuel Valderrama.

Alberto Espinoza decidió estudiar Derecho porque sentía que debía reciclarse y porque la dureza de la represión en otras carreras humanistas que le atraían lo hizo pensar en una alternativa. Hoy confiesa que es su gran amor. 

“Derecho era una carrera conservadora, formal, pero estaba vinculada con las letras”, dice Espinoza. “Por el lado de los números no iba mi vocación. Nunca pensé ser abogado”.

Así como el reconocido abogado comunista Alfonso Insunza se volvió su referente, hubo otros profesores que, asegura, lo marcaron, pero de forma negativa. Le sorprendió mucho, y protestó, contra Carlos Cruz-Coke, quien defendió a Pinochet y el derrocamiento de Salvador Allende en sus clases. Mientras estudiaba, echaron de la escuela a Jaime Castillo Velasco, Eugenio Velasco Letelier y Máximo Pacheco Gómez. 

“La represión la vivimos en carne propia con estudiantes de la universidad detenidos desaparecidos”, recuerda.

El 79 egresa de la escuela. Espinoza estaba casado, ya tenía a la primera de sus dos hijas -hoy abogadas- y trabajaba en otras cosas: procurador del Banco Israelita, en la Sindicatura de Quiebra y en la Nueva Gaceta Jurídica, donde hacía comentarios de jurisprudencia. Siempre, en todo caso, tuvo la inquietud de poder canalizar su ideología a través del Derecho. Si bien aún no militaba, sí participaba en las manifestaciones de la U. de Chile. Varias veces fue detenido en las marchas.

Militancia y lucha

En 1984 ingresó a las Juventudes Comunistas, un poco inspirado por la labor de su profesor Insunza. Sostuvo su militancia hasta el año 2007, luego del ingreso del PC a la Universidad Arcis, donde era profesor. Al renunciar, en marzo de 2007, escribió una carta criticando la situación de la universidad y cortando relaciones con ese partido. “Fui contrario a esa intervención de Max Marambio y el tiempo me dio la razón”, explica.

La carta fue particularmente dura. En un extracto, Espinoza dice:

“Durante estos 13 años (haciendo clases), la universidad ha sufrido cambios notables: a la inmobiliaria de Fernando Castillo Velasco a Max Marambio; de una persona jurídica sin fines de lucro, propietaria de los inmuebles de la universidad, a una sociedad anónima dueña de todo el patrimonio inmobiliario de la universidad; de un Arcis democrático a uno autoritario (…)”.

Pero es en sus años como militante del PC cuando conoce a los jóvenes frentistas de los 80 y 90. Al ser consultado si perteneció a las filas del FPMR, responde que en esa época ser del Frente y ser del PC era lo mismo. O sea, el FPMR era una orgánica al interior del PC, donde todos tenían roles y un objetivo, que era derrocar a Pinochet. Era una organización clandestina donde, por su profesión de abogado, le tocaba reafirmar sus labores en el partido. Espinoza no recuerda su chapa, o nombre político, pero sí recuerda que partió trabajando en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), y fue ahí donde su carrera tomó sentido, dice, y empezó a albergar las “causas de presos políticos”. Fue contactado por la Vicaría de la Solidaridad y estaba a punto de ingresar -le habría encantado, dice-, pero le pidieron renunciar a sus defensas de crímenes de sangre. 

Desistió.

Quienes lo conocen dicen que Espinoza ingresó a las defensas de ex miristas, lautaristas y frentistas por convicción, por un compromiso político, aunque a él no le gusta que lo llamen “abogado de guerrilleros o de frentistas”. Espinoza más bien se ve a sí mismo como un “abogado de presos políticos”. 

También se autodenomina como “un abogado muy quitado de bulla, un abogado muy humilde de la plaza”.

Su primera causa relativa al FPMR fue la defensa de los frentistas que internaron armas por Carrizal Bajo y que luego participaron del atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, en 1986. Ser abogado durante el régimen militar era difícil, pero en su caso particular sólo recibió amenazas. Llamados en la noche en que le decían que lo iban a matar por ser comunista.

Con el abogado Héctor Salazar, otro reconocido jurista de DD.HH., se conocieron trabajando en el Fasic. 

“Más allá de las diferencias que podíamos tener, había un gran espíritu de colaboración y él era parte de esa comunidad jurídica”, dice Salazar de su amigo, con quien por mucho tiempo compartió la afición de fumar puros. 

“Ya no, porque estamos más viejos”, aclara. Salazar agrega que Espinoza es un estudioso del Derecho a través de la historia, y que por eso tiene una visión más amplia del campo.

Actualmente, Espinoza representa, además de los ex frentistas Mauricio Hernández Norambuena (quien solicitó hace poco una rebaja de condena mientras pasa sus días condenado en una cárcel de Brasil) y Juan Gutiérrez Fischmann (“El Chele”), a Galvarino Apablaza Guerra, Ricardo Palma Salamanca y Marcela Mardones, todos acusados de participar en el crimen de Guzmán. Precisa que él no es abogado de Raúl Escobar Poblete, el “comandante Emilio”, aunque admite que, de ser extraditado, podría asumir su defensa.

En otros casos, ha sido abogado de mapuches en el denominado caso lonkos, en el que la CIDH condenó al Estado chileno por la aplicación de la Ley Antiterrorista y el uso de testigos protegidos; además de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Cuando se le consulta cómo conoció a los frentistas y cuándo fue la última vez que los contactó, se ampara en su secreto profesional. El mismo hermetismo -bajo el mismo argumento-, muestra cuando se le consulta por “El Chele” o Palma Salamanca, ambos con paradero desconocido. De todas formas, dice que Gutiérrez Fischmann ya no tiene causas en Chile, pues él logró que la Corte Suprema dejara sin efecto su orden de captura internacional en 2009.

Junto a otros abogados, Alberto Espinoza patrocinó la primera querella que en 1998 su amiga Gladys Marín presentó en contra de Augusto Pinochet por su autoría en delitos de lesa humanidad, querella que finalmente determinó su arresto en Londres. Cercanos recuerdan que cuando cerró el Fasic, Espinoza siguió llevando causas de detenidos desaparecidos. 

“Los abogados de DD.HH. siempre han llevado las causas ad honorem y Espinoza está dentro de ese grupo”, explican.

Según estos testimonios, el abogado se mantiene con otros trabajos como penalista y labores académicas en universidades, actualmente en la Academia de Humanismo Cristiano.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ha trabajado de cerca con Espinoza.

“Es uno de los abogados que a lo largo de la historia de resistencia a la dictadura cívico-militar dedicó su conocimiento a la defensa de aquellos que fueron perseguidos”, dice Pizarro.

 “El fue el abogado que llevó la causa nuestra por las malas identificaciones del Patio 29 desde sus inicios. Es uno de los abogados de DD.HH. que, incluso en la actualidad, sigue defendiendo a aquellos que nadie quiere defender. Su valor es la coherencia que ha tenido en el tiempo”.

En cuanto a la defensa de Espinoza de figuras importantes del Frente y del Lautaro, Pizarro dice:

 “En Chile hubo una dictadura cívico-militar y, por lo tanto, está consagrado el derecho de los pueblos a rebelarse. No es otra cara de los DD.HH. lo que hace Espinoza, es reivindicar el derecho de defensa de aquellos que resistieron durante la dictadura”.

“El no hace discriminación de tipo política para ejercer su profesión en el campo de los DD.HH.”, agrega Héctor Salazar. 

“No hace sesgos y es un leal defensor de sus clientes. Por eso lo van a buscar. No es un abogado de un movimiento político determinado, sino que defiende a cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos”.

Cercanos a Espinoza comentan que el abogado -al igual que otros militantes del PC- no se conformó con la transición que lideró Patricio Aylwin, que si bien reconocía avances en materia de DD.HH., vio en el Informe Rettig una intención de cerrar el capítulo.

Espinoza es de la idea de que en estos casos se debió hacer justicia y que la permanencia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército, en la escena política, en los actos protocolares durante la transición, era un reconocimiento violento por parte de la institucionalidad. Además, es crítico de que oficiales de la Dina hayan sido promovidos durante ese periodo. Para Espinoza, la democracia pactada, como la llama entre sus cercanos, “fue un acto de traición al pueblo”.

Al mirar hacia atrás, Espinoza piensa lo bueno que fue renunciar al PC:

 “El partido avala ahora un régimen económico como el que tenemos, que es el origen de todas las injusticias, eso es inaceptable desde el punto de vista político. Como ahora son parte de la Nueva Mayoría, avalan el modelo de un sistema económico implantado por la dictadura, con bases manchadas con sangre. El PC desvió el camino”. 

Hoy, el abogado declara que votaría por el Frente Amplio, más por su desilusión de la izquierda tradicional que por convencimiento.

En los últimos años, Espinoza ha viajado a Brasil y a Argentina para visitar a “Ramiro” y Apablaza, respectivamente. Dice que hace unas semanas en todas las cárceles de Brasil se prohibieron durante un mes las visitas a los presos, por un tema de narcotráfico, por lo que Hernández Norambuena está más aislado que de costumbre. Recuerda que presentó una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las situaciones de los penales brasileños.

Espinoza es crítico de lo que ha hecho el gobierno de Michelle Bachelet en el pedido de extradición de Raúl Escobar, el “comandante Emilio”. Sin ser abogado de Escobar, cuestiona al canciller Heraldo Muñoz:

 “Se ha visto al ministro de Relaciones Exteriores haciendo todo lo que la UDI ha pedido, se ve un servilismo extremo, cuando esto debería canalizarse dentro de un estado de derecho por el Poder Judicial, lo jurisdiccional, es vergonzoso al igual que el embajador Ricardo Núñez, preparándole en México el camino a la presidenta del partido de Pinochet”.