Los fiscales generales de la Segunda República Española.-a




Manuel Iglesias Corral

La Coruña, 5.I.1900 – 8.IX.1989. Político y abogado. Destacado abogado coruñés y uno de los políticos gallegos más renombrados por su trayectoria antes y después de la dictadura franquista. Durante la Segunda República fue elegido diputado a Cortes en 1933 por el Partido Republicano Gallego, tras haber sido concejal (1931) y alcalde (1932-1933) republicano de La Coruña. Fue ponente del Estatuto Gallego de Autonomía entre 1932 y 1936 y pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil llegó su nombramiento como fiscal general de la República. Como tal, se opuso al proceso abierto contra Federico García Lorca, puso fin al que se seguía contra Indalecio Prieto y se produjo la liberación de los diputados que todavía estaban presos a raíz de la Revolución del 34.
La Guerra Civil y la dictadura franquista interrumpieron su trayectoria política. Las represalias fueron exiguas para un hombre de un perfil republicano como el suyo: amenazas de los exaltados, registros intempestivos a su domicilio y un expediente de responsabilidades políticas, incluyendo una sanción económica, pero sin que su vida llegase a correr peligro. Posiblemente, la razón por la que se le permitió seguir viviendo en la ciudad y ejercer la profesión libremente fue por haberse posicionado contrario al Frente Popular y contar entre sus amistades coruñesas con influyentes personajes, tanto de la judicatura local como del estamento militar, y entre los que incluso se encontraba el general Francisco Franco, destinado en La Coruña durante la etapa de Iglesias Corral al frente de la alcaldía.
Durante la dictadura se dedicó en exclusiva a la abogacía y el mundo empresarial (Banco del Noroeste, La Voz de Galicia, etc.). Cabe destacar su actividad en el consejo de administración de Industria Ballenera Sociedad Anónima (IBSA), en donde ocupó el cargo de secretario general durante cuatro décadas desde 1948. Su influencia política fue clave en los momentos más comprometidos para dicha industria, como el atentado a los barcos balleneros en el puerto de Marín en 1980, durante el acoso antiballenero de los grupos ecologistas.
En 1977 comenzó su segunda etapa como político, tras el final de la dictadura, primero como senador por la candidatura Democrática Gallega y, después, en la Unión de Centro Democrático (UCD), partido del que fue presidente provincial y senador, además de presidente de la Comisión Constitucional del Senado.
Finalizó su trayectoria política y vital como senador de Alianza Popular.
Fue decano del Colegio de Abogados de La Coruña (1963-1987), fundador y presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, presidente de la Comisión del Consejo General de la Abogacía Española para la Unión de Abogados Hispanoamericanos, consejero de la Abogacía Española, además de ocupar otros relevantes cargos en el ámbito del derecho.



Obras de ~: Problemas que plantea la ley española sobre uso y circulación de vehículos de motor, Barcelona, Revista Jurídica de Cataluña, 1963; “El Camino”, en Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, 1 (1965), págs. 171-175; Códigos nuevos sobre ideas del profesor Eduardo Correia, Barcelona, Revista Jurídica de Cataluña, 1967; Las ideas de Concepción Arenal y el curso del derecho, La Coruña, Club de Dirigentes de Empresa, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1972; “Terra e lei”, en Estudos do Dereito Civil de Galicia (Santiago de Compostela) (1973), págs. 7-24; “La protección jurídica del orden económico”, en Revista Jurídica de Cataluña (RJC) (1973), págs. 1029-1039; “El aval o afianzamiento de los consejeros en las sociedades anónimas”, en RJC (1976), págs. 733- 736; “El Derecho”, en VV. AA., Los Gallegos, Madrid, Istmo, 1976, págs. 461-477; La propiedad privada: La zona marítimoterrestre, Badalona, Gráficas Venus, 1976; América vista desde Europa, La Coruña, Club de Dirigentes de Empresa de la Cámara de Comercio de La Coruña, 1977; Américanos y Españoles: Los vínculos y su revisión histórica, La Coruña, Club de Dirigentes de Empresa de la Cámara de Comercio de La Coruña, 1977; “La cuestión regional”, en Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza, 64 (1977), págs. 10 y ss.; “Estado actual del problema de las prisiones”, en Estudios Penales, 2 (1978), págs. 105-124; “De la aplicación territorial del derecho civil en Galicia”, en Comentarios al Código civil y compilaciones forales, 32 (1979), págs. 7-12; Los grandes jurisconsultos gallegos: Bernardo el Compostelano, El Joven (la problemática gallega en el Código de Las Siete Partidas), La Coruña, Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, 1987; “Análisis de los Estatutos de Autonomía”, en Cursos Superiores de Verano en Galicia, Santiago de Compostela, 1987, págs. 355-366.



Fuentes y bibl.: Archivo del Senado, Legislatura constituyente, 1977-1979; Primera Legislatura. 1979-1982; Tercera Legislatura, 1986-1989.

“Iglesias Corral, Manuel”, en S. Cañada (ed.), Gran Enciclopedia Gallega, t. XXIII, Lugo, El Progreso, 1974, págs. 186-187; C. Fernández Santander, Franquismo y transición política en Galicia, Sada-La Coruña, Ediciós do Castro, 1985, págs. 286-289; “Jurista y parlamentario, Iglesias Corral fue alcalde de La Coruña y fiscal general durante la República”, en La Voz de Galicia, 10 de septiembre de 1989, pág. 33; “Manuel Iglesias Corral. De fiscal general de la República a senador de Alianza Popular”, en VV. AA., Gallegos del siglo XX, La Coruña, La Voz de Galicia, 2000, págs. 199-202; F. Valdés Hansen, La pesca de ballenas y cachalotes en Galicia desde el siglo XIII al XX, tesis doctoral, Santiago de Compostela, Universidad, 2005 (inéd.).

LEOPOLDO GARRIDO CAVERO
Cuenca (Cuenca) 06/11/1893 -- Carcasona (Francia) 21/12/1946
Abogado y jurista. Hijo de un prestigioso abogado republicano de Cuenca. Terminada la carrera de derecho ayudó a su padre en el bufete simultaneando este trabajo con sus actividades políticas. En 1911 participó en la organización de la Sociedad Obrera «La Aurora» y en 1915 de la AS de Cuenca. Ingresó en la carrera judicial por oposición en 1921, tomando posesión del Juzgado de Instrucción de Torrecilla de Cameros (Logroño). Al poco tiempo pasó al partido judicial de Almansa, donde permaneció varios años. Al final de la dictadura de Primo de Rivera se incorporó a la carrera fiscal, siendo destinado a Alicante, donde se encontraba al proclamarse al Segunda República. 
Perseguido durante el bienio negro, fue trasladado a Lugo en calidad de abogado fiscal y posteriormente a Barcelona, donde se negó a aplicar la pena de muerte a unos obreros de la CNT condenados por la revolución de octubre, viéndose obligado el Gobierno a juzgarlos en Consejo de Guerra para burlar así el inconveniente con que tropezaban en la Audiencia. Al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, trabajó por voluntad propia en la Audiencia Provincial de Cuenca. Al trasladarse el Gobierno de la República de Madrid a Valencia, fue requerido por el ministro de Justicia, Manuel Irujo, para ocupar el puesto de inspector fiscal del Tribunal Supremo.
 Al dejar la Fiscalía de la República, Eduardo Ortega y Gasset le sustituyó interinamente, siendo nombrado para el cargo en propiedad al trasladarse el Gobierno a Barcelona y permaneciendo en el mismo hasta el final de la guerra. Perdió a su hijo mayor durante la guerra y los otros tres fueron hechos prisioneros por los alemanes en Francia. Perteneció a la sección del PSOE en Vallespir colaborando activamente en sus publicaciones El Socialista (1944-1945) y El Vallespir (1946). Falleció en Carcasona el 21 de diciembre de 1946.


Eduardo Ortega y Gasset 

(Madrid, 11 de abril de 1882 - Venezuela, 1964) fue un abogado y político republicano español, hermano mayor de José Ortega y Gasset.

Durante la dictadura de Primo de Rivera tuvo que exiliarse en Francia. Allí, en Hendaya, dirigió desde diciembre de 1928, junto con Miguel de Unamuno, la publicación clandestina Hojas Libres, contraria a la dictadura y a la monarquía alfonsina. Tras su caída, se decretó una amnistía que le permitió regresar a España, siendo uno de los firmantes, a título personal, del Pacto de San Sebastián. Encarcelado en la Cárcel Modelo de Madrid, con el Comité Nacional Revolucionario como consecuencia de la fallida sublevación de Jaca, formó parte de la candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista, como miembro del Partido Republicano Radical Socialista, al ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, resultando elegido concejal por el distrito de Hospicio.
Al proclamarse la República fue nombrado gobernador civil de Madrid y más tarde resultó elegido diputado a las Cortes Constituyentes por tres circunscripciones diferentes, haciéndose cargo finalmente de la de Ciudad Real.

Tras la creación de Izquierda Radical Socialista por Juan Botella Asensi en junio de 1932 se integró en dicho partido,​ en el que permaneció durante los años siguientes.
En diciembre de 1934 fue uno de los organizadores del equipo de abogados encargado de defender a los encausados por los hechos de la revolución de octubre de 1934. Tras el triunfo del Frente Popular en 1936, Ortega fue nombrado Fiscal General de la República (sufriendo un atentado, mediante la colocación de un paquete bomba en su casa, el 7 de abril de 1936), cargo del que dimitió en noviembre de 1937, consecuencia de las tensiones surgidas con dirigentes de la CNT, trasladándose a París, luego a Cuba y por último a Venezuela, donde falleció.

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